Fuerte golpe a la Economía Popular

El Gobierno anunció la suspensión de 11.000 cooperativas. Se trata de entidades creadas entre 2020 y 2022 que, según el Ejecutivo, presentan “irregularidades”. La desmentida del cooperativismo.

En la guerra abierta contra los movimientos sociales, el presidente Javier Milei sumó un nuevo objetivo de destrucción: las cooperativas. El Gobierno anunció que suspenderá la operatoria de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, y que les quitará la autorización a 12.000 que ya habían sido suspendidas en 2019.

Desde el cooperativismo desmintieron al Ejecutivo, aseguraron que existen controles “exhaustivos” por parte del Estado y defendieron la creación de las unidades productivas como generadoras de empleo formal.

La medida fue anunciada por Manuel Adorni. En su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero informó que el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se encargará de “controlar y depurar” el padrón nacional de cooperativas.

De acuerdo al Gobierno, la cantidad de entidades creció de forma desproporcionada durante los últimos años y sus registros presentan “innumerables irregularidades”. “Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”.

Sobre esa premisa, el funcionario anunció dos cosas: que se inspeccionarán 4.355 cooperativas que fueron creadas en 2023 y que les prohibirán operar a 11.853 que fueron suspendidas en 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero que siguieron recibiendo financiamiento en la gestión de Alberto Fernández.

Entre los argumentos que esgrime el Gobierno para avanzar en la podadora, remarca que el padrón aumentó el 138% en los últimos cuatro años -pasó de 9.978 a 23.836-, que el 70% de las cooperativas no presentó balances ni asambleas, que el 22% repite asociados, que el 20% utilizó la misma casilla de correo electrónico y que el 9% usó el mismo domicilio. “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”.

La desmentida

Tras el anuncio, llegó rápidamente la respuesta de los cooperativistas. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas, Federico Tonarelli, advirtió que “quieren instalar la idea de que descubrieron un gran nicho de corrupción para, a partir de eso, avanzar en la destrucción del sector”. En ese sentido explicó que es habitual que existan entidades que no hayan realizado el censo anual o que se hayan atrasado en la documentación ordinaria, pero que eso no implica que no se fiscalice o que amerite suspender a las cooperativas.

“Adorni tira una serie de números y de cosas que son graciosas. Yo estoy asociado a dos cooperativas porque trabajo en las dos cooperativas. Así que eso es común. También es normal que sean registradas con la misma dirección. No todas tienen sede. Entonces se unifican y usan un mismo domicilio. En el hotel ‘Bauen’, por ejemplo, había muchas cooperativas registradas. Una era la de Tiempo Argentino”, aclaró Tonarelli.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) es el organismo encargado de la promoción, registro y fiscalización del sector. Su ex titular, Alexandre Roig, cuestionó las suspensiones y defendió su gestión. “Como bien recuerda la resolución del Inaes, se hizo todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución N° 1.000/2021), hemos logrado proporcionarle al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible”, respondió Roig, citando el comunicado que emitió el Gobierno.

El doctor en Sociología Económica explicó que, entre 2021 y 2023, se implementó un mecanismo de control que brindó “datos sistematizados” que se cruzaron con el ministerio de Trabajo, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Roig resaltó que los controles por parte del Estado “son necesarios para evitar abusos” y que, entre 2021 y 2023, “se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas”.

Respecto a las acusaciones del Gobierno, indicó que buscan “distorsionar la realidad” y subrayó que “nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva, de ningún tipo de entidad societaria, sin seguir el debido proceso legal”.

Además, fustigó a Adorni por pretender “asustar, denigrar y despreciar” a los trabajadores y productores de la Economía Solidaria. “Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral, y, por ende, de la libertad de emprender colectivamente”.

Consejo de Administración.

Cooperativa de Trabajo La Posta del Noroeste Limitada.