Policiales

A 25 años de la “Masacre de Ramallo”, condenaron al Estado provincial a resarcir a las víctimas del hecho

SENTENCIA. La Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de una indemnización a Flora Lacave y su familia por la muerte de Carlos Chávez, como así también a los deudos de Carlos Santillán, quienes habían sido tomados como rehenes en el marco de un asalto al Banco Nación. La Policía de la Provincia de Buenos Aires acribilló el auto en que intentaban huir los delincuentes llevando consigo a las víctimas como escudos humanos.

Después de casi 25 años de aquella tragedia conocida como la “Masacre de Ramallo”, que involucró a la familia linqueña de Carlos Chávez y Flora Lacave, la Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires a indemnizar económicamente a los familiares de las víctimas. En esa oportunidad, Chávez, quien era el gerente del Banco Nación de la localidad del norte bonaerense, y el contador de la sucursal, Carlos Santillán, murieron acribillados cuando se encontraban en condición de rehenes de una banda que asaltó a la entidad, tras haber quedado en medio de la balacera entre la Policía Bonaerense y los delincuentes cuando intentaban huir. Flora Lacave, quien también estaba dentro del auto, salvó su vida milagrosamente, aunque sufrió graves heridas. 

Aquel 17 de septiembre de 1999, después de más de 20 horas de tensión en la toma de rehenes en la sucursal bancaria, el gerente del Banco, Carlos Cháves (59 años), su esposa Flora Lacave y el contador Carlos Santillán (53) fueron obligados por tres ladrones a subirse a un vehículo. Iban a ser utilizados como escudo para poder huir sin ser atrapados por las decenas de policías que había en la zona, pero el hecho terminó en una tragedia que tuvo lugar a la vista de todos.

Mientras el Volkswagen Polo circulaba por la calle con los ladrones y rehenes comenzó a recibir una seguidilla de balazos. Hubo más de 150 tiros. Tanto Cháves como Santillán murieron fusilados dentro del vehículo y Lacave sufrió graves heridas.

Por el caso, que generó conmoción e indignación en la sociedad argentina, hubo sentenciados a 20 años de prisión. El entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, decidió disolver el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la policía provincial y relevar a los jefes del operativo. Además, aceptó la renuncia presentada por su ministro de Justicia y Seguridad, Osvaldo Lorenzo.

Este martes, la Corte Suprema dispuso, en una primera causa, que la provincia de Buenos Aires pague un monto millonario a la sobreviviente de la balacera y viuda del gerente del Banco Nación de Ramallo. El máximo tribunal hizo lugar a una demanda iniciada por Flora Lacave y sus cuatro hijos, Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel.

El resarcimiento, según resolvió la Corte con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá, asciende a 407.082.000 pesos, más intereses a computar desde el año 2005. La Provincia y dos de los policías responsables de los hechos deberán pagar el resarcimiento, según establece el fallo.

En la otra causa puesta en marcha por los familiares del contador Santillán, la Corte también ordenó indemnizar a Liliana María Perret, la pareja de la víctima, y a sus dos hijos, aunque no eran familiares de sangre. La cifra indemnizatoria alcanza la suma de $167.216.000, más los intereses.

Con respecto a la responsabilidad del Estado bonaerense, la Corte consideró que la reacción policial en la intervención del hecho fue desmedida, injustificada, desmesurada y con abuso de poder: “(…) el número de disparos que efectuaron los funcionarios policiales provinciales con armas de grueso calibre sobre el rodado y sus ocupantes, revelan por parte de ellos una conducta incompatible con la de quienes deben tener a su cuidado la preservación racional de la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes”.

En ambos fallos se excluyó de la responsabilidad por el hecho al Estado Nacional, en razón de no poseer imputación penal la Policía Federal y los legitimantes no demostrar el nexo causal entre su accionar y los perjuicios ocurridos.