Refuerzan protocolos en escuelas bonaerenses tras amenazas y hechos de violencia
PROVINCIALES. Autoridades educativas y de seguridad se reunieron con gremios docentes, y definieron criterios de actuación ante situaciones de riesgo en los colegios.
En medio de la aparición de carteles amenazantes en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires, autoridades educativas y de seguridad mantuvieron una reunión con representantes gremiales para evaluar la situación y reforzar los protocolos de intervención.
El encuentro fue encabezado por Flavia Terigi y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con la participación de integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb). Allí abordaron las nuevas problemáticas vinculadas con comunidades digitales que promueven acciones violentas.
Desde los gremios propusieron avanzar en jornadas institucionales para analizar la temática; fortalecer políticas de salud mental para niñas, niños y jóvenes; brindarles capacitaciones a equipos docentes y directivos; y generar espacios de trabajo con familias y estudiantes. También plantearon la necesidad de convocar a instancias interministeriales y mesas de trabajo distritales.
En ese marco, desde el área educativa confirmaron que impulsarán la conformación de mesas intersectoriales para abordar situaciones conflictivas en el ámbito escolar, además de promover una reunión interministerial para coordinar acciones y continuar con el monitoreo de la problemática.
El protocolo establece que, ante la detección de mensajes que refieran a posibles tiroteos o presencia de armas, las instituciones deben actuar con rapidez para priorizar la integridad física y emocional de la comunidad educativa.
En caso de amenazas, el personal debe informar al equipo directivo, que a su vez les dará aviso a inspectores y autoridades correspondientes. Paralelamente, la dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial, para así iniciar una investigación.
Además, instan a evitar en una primera instancia la identificación de estudiantes involucrados, con el objetivo de resguardar sus derechos durante el proceso.