Proponen bajar la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia
POLÍTICA. El proyecto del PRO reforma el régimen penal juvenil con un esquema que combina sanciones, garantías y medidas socioeducativas.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar forma un nuevo debate en torno a la justicia juvenil. El senador Guillermo Montenegro presentó una iniciativa que modifica el régimen vigente y fija la edad de imputabilidad en los 14 años.
La propuesta apunta a actualizar la Ley N° 13.634, que regula actualmente el fuero penal juvenil, y se enmarca en una línea política que procura endurecer la respuesta frente a delitos cometidos por menores, bajo el argumento de que la realidad delictiva ha cambiado en los últimos años.
Uno de los ejes centrales del proyecto es, justamente, la posibilidad de que adolescentes de entre 14 y 16 años sean alcanzados por el sistema penal, un punto que genera fuertes debates, tanto en el ámbito político como en especialistas.
Desde el PRO sostienen que es necesario revisar el esquema actual para evitar situaciones de impunidad. Sin embargo, voces críticas advierten que este tipo de reformas no han demostrado ser eficaces para reducir el delito y podrían tener efectos negativos, como una mayor criminalización temprana.
Más allá del cambio en la edad, la iniciativa no plantea un enfoque exclusivamente punitivo. Por el contrario, incorpora una serie de garantías para los jóvenes involucrados en procesos judiciales, como el acceso a defensa desde el inicio, el resguardo de la identidad y el respeto por los tiempos procesales.
El proyecto también pone el acento en que las medidas adoptadas deben tener un sentido educativo y de reintegración social, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese marco propone que el encierro sea una herramienta excepcional, y no la regla.
Entre las herramientas previstas, aparecen instancias como la mediación, la reparación del daño, tareas comunitarias y programas de inclusión educativa o laboral. Además, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad y descarta la prisión perpetua para menores.
Otro aspecto novedoso es el lugar que se le otorga a la víctima, que podrá participar activamente en el proceso, recibir información y contar con asistencia legal.
Fuente: Infocielo.