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El Presidente firmó un decreto para convertir planes sociales en empleo genuino

PARA DESEMPLEADOS Y TRABAJODORES PRECARIZADOS. La medida permitirá que los beneficiarios mantengan el subsidio al conseguir un empleo formal.

El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto Nº 711/2021 para convertir los planes sociales en empleos genuinos en el sector privado. El mismo fue publicado en el Boletín Oficial.

La iniciativa está destinada a personas desempleadas y a quienes tienen trabajos precarizados, según informaron desde la Casa Rosada.

Fernández había adelantado la decisión el viernes pasado, en el coloquio de “IDEA”. De esta manera, esta norma permitirá que los beneficiarios mantengan el subsidio del plan, una vez que consigan un empleo en relación de dependencia.

La iniciativa está vinculada a un proyecto de Sergio Massa, presentado días atrás, con el mismo objetivo. “Son medidas complementarias. El DNU abre paso a la ley”, manifestaron al respecto desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados de la nación.

En su Artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo “efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias, bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

Conforme se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento del “incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector, y a límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados”.

En su Artículo 2 señala: “La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo, en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.

Estipula, además, que, “en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada”.

“El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación, y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporados bajo estos programas serán fijados de forma conjunta por ambos ministerios”, dice también.

Para los casos de pluriempleos, determina que “deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”.

En el Artículo 3 del decreto se informa que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar “un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”. En estos casos, el beneficiario mantendrá “el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción, o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora”, según manifiesta.

También se resuelve: “Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los doce meses, dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral”.

En caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y los doce meses (dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral), los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen y la de acceder a la prestación por desempleo.

El viernes, en “IDEA”, Fernández había hecho una defensa del marco laboral y había anticipado la decisión de avanzar en esta medida. “Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna a Argentina, son la promoción de la inversión empresarial y la creación de empleo. Por eso estamos disponiendo, a través de un decreto marco, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada, sin perder ese derecho”, había señalado el jefe de Estado.

En paralelo, el Congreso tratará un proyecto de ley -impulsado por Massa- que determina algunas facilidades, como el mantenimiento de los planes sociales durante doce meses como complemento del salario y los accesos a obra social y ART.