Política

El Gobierno restringe el ingreso de periodistas a Casa Rosada y profundiza el conflicto con la prensa

CENSURA. La medida alcanza a todos los acreditados y se vincula con una investigación por presunto espionaje. También avanza una denuncia penal contra periodistas de televisión.

El Gobierno de Javier Milei dispuso desde este jueves la prohibición de ingreso a la Casa Rosada para los periodistas acreditados, en una decisión que vuelve a tensar la relación entre la administración nacional y los medios de comunicación.

La medida alcanza a todos los trabajadores de prensa que se desempeñan habitualmente en Balcarce 50 y, según fuentes oficiales, responde a dos situaciones en curso. Por un lado, una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios; por otro, una denuncia penal vinculada a la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental.

Desde el Ejecutivo señalaron que la restricción se adoptó “de manera preventiva” y que incluyó la eliminación de los accesos biométricos de los periodistas. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, indicaron.

En ese marco, también se dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones que habían sido extendidas durante abril, lo que en la práctica implica la suspensión total del acceso a la sala de prensa de la Casa de Gobierno, una decisión con escasos antecedentes históricos, incluso en períodos de gobiernos de facto.

La medida se da en paralelo a una denuncia penal impulsada por la Casa Militar, área responsable de la seguridad presidencial, que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. La presentación apunta contra dos periodistas del canal Todo Noticias, tras la emisión de imágenes de sectores internos de la Casa Rosada en un programa conducido por Luciana Geuna.

Según el escrito judicial, los comunicadores habrían realizado “actividades subrepticias e ilegales” y la difusión del material podría haber expuesto información sensible vinculada a la seguridad presidencial. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

El propio Presidente reaccionó públicamente al episodio desde sus redes sociales, donde calificó a los periodistas como “basuras repugnantes” y reclamó que la investigación avance “hasta los máximos responsables”.

La decisión de restringir el acceso a la Casa Rosada se inscribe en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y el periodismo, marcado por cuestionamientos reiterados desde el oficialismo al rol de los medios y a la cobertura de la gestión.