El Gobierno decretó la emergencia del sector eléctrico y dispuso la revisión tarifaria
EN TODO EL PAÍS. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, que regirá hasta el 31 de diciembre del 2024, el Ejecutivo oficializó “la emergencia del sector energético”. El texto establece la continuidad de las intervenciones del Enre y el Enargas.
El Gobierno oficializó la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre del 2024, dispuso el inicio del proceso de revisión tarifaria por el mismo plazo, y estableció la continuidad de las intervenciones del Enre y el Enargas.
La medida, que había sido anunciada el último domingo, se formalizó con la publicación el lunes, en el Boletín Oficial, del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 55/2023, en el que se sostiene que existe “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”.
Habiendo evaluado la situación en que ha recibido al sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazos que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, conforme destaca el documento en sus considerandos.
El DNU declara, en su Artículo 1, “la emergencia del sector energético nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural”.
La declaración de emergencia y las acciones que de ella se deriven “tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024”, conforme estipula el DNU, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los demás ministros.
El Artículo 2 instruye a la secretaría de Energía a que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”, de acuerdo con lo que establece.
En tanto, determina a través del Artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural”. Y determina que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder el 31 de diciembre del 2024”.
En el DNU también se disponen las intervenciones del Enre y el Enargas, a partir del 1 de enero del 2024, y la designación de los miembros del directorio que resulten de un proceso de selección previsto en el mismo decreto. Al respecto faculta a la secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas “realizar los procesos de revisión tarifaria” y “evaluar e informar sobre la gestión de compras y contrataciones”, como también de eventuales anomalías.
El DNU cuenta con un plazo de 180 días para que la secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de sendos entes, según los marcos regulatorios vigentes.
En sus considerandos, la medida asegura: “La prestación de los servicios públicos de transporte, y distribución de gas y energía eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”. “Por ello resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos, y de los contratos suscriptos por el Estado nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, argumenta.
En este contexto resalta que los indicadores de frecuencia media de interrupción de servicio han sufrido un incremento del 55,23% en el área de cobertura de Edenor y uno del 173,22% en la de Edesur, lo que evidencia “inversiones insuficientes, que importan un crecimiento de la obsolescencia en los activos de las prestadoras, por lo que, de no adoptarse medidas urgentes, se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”, conforme determina.
También destaca que las transferencias del tesoro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) han alcanzado en el 2023 los $1,4 billones, que la central nuclear “Atucha” I se encuentra próxima a cumplir su período de vida útil y que existen riesgos de desabastecimiento de gas natural en el norte del país.