Venero: “Tenemos que aceptar que nos maten de hambre sin siquiera tener derecho a manifestarnos”
DECLARACIONES. El ex titular del Pami en Lincoln fue muy crítico sobre el anuncio del Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la instauración de un “protocolo antipiquetes propio de una dictadura”, según consideró. Y señaló: “El incierto plan económico de Javier Milei sólo se puede aplicar con represión salvaje”.
Tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la implementación de medidas para evitar manifestaciones que corten calles y rutas en cualquier punto del país, muchas han sido las voces opositoras que han expresado su rechazo al respecto.
En Lincoln, una de ellas es la del ex titular de la delegación local del Pami, Omar Venero, quien a través de sus redes sociales manifestó: “Vienen por todos nuestros derechos. Devalúan salvajemente, realizando una transferencia inmensa de recursos de las clases populares a las clases altas; aumentan indiscriminadamente las tarifas; licuan salarios y jubilaciones; restauran impuestos contra los trabajadores; preparan oleadas de despidos de empleados del Estado; y, para que no queden dudas de a lo que vienen, Patricia Bullrich anuncia un protocolo antipiquete propio de una dictadura”.
En el mismo sentido, Venero lamentó: “Tenemos que aceptar que nos maten de hambre sin protestar, sin siquiera tener derecho a manifestarnos”. Y en la misma línea consideró: “El incierto plan económico de Javier Milei sólo se puede aplicar con represión salvaje”.
“El Gobierno elegido democráticamente el 19 de noviembre cada día que pasa tiene más tufillo a Gobierno autoritario”, finalizó.
EL PROTOCOLO. El Gobierno nacional oficializó el viernes un “protocolo antipiquetes”, la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Bullrich, para impedir y reprimir la protesta social que derive del fuerte ajuste implementado por la administración de Milei.
La Resolución N° 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, establece el “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, anticipado el jueves por la titular de la cartera de Seguridad.
En sus considerandos argumenta que este protocolo ha surgido ante “la urgencia de la situación” y “la confusión introducida por una actitud pasiva, sostenida durante mucho tiempo por las autoridades, frente al desorden en la vía pública”. Y subraya que la “recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías” han derivado en “una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos”.
Las fuerzas policiales y de seguridad federales “intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte”, como, por ejemplo, en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas y medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías, “debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas”.
La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a “despejar los accesos hasta dejar totalmente liberado el espacio”.
En los procedimientos, los efectivos “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con “armas no letales”. Sin embargo, la norma aclara que esa fuerza será “graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes” y con “empleo de armas no letales”.
Deberán “identificar a los autores, cómplices e instigadores” de los cortes y las protestas. También identificarán a los vehículos con los cuales los manifestantes lleguen a las protestas.
“Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores de las protestas registrados por las fuerzas de seguridad” (como organizaciones formales e informales, gremios y partidos políticos) serán “remitidos al ministerio de Seguridad”, conforme estipula la resolución.
Cuando se observen actos que puedan ocasionar “daño ambiental” (como quemas de neumáticos), “se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental”.
El ministerio de Seguridad “podrá demandar judicialmente” a las organizaciones y las personas individuales que convoquen o participen de los cortes “por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.
Se “creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones” y de “infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas, hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas”.