Repudian el traslado de Astiz y otros represores a una cárcel VIP en el predio de Campo de Mayo

PREOCUPACIÓN. Organismos de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado denunciaron la medida como una señal de impunidad y retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia.

Organismos de derechos humanos y referentes sociales repudiaron los traslados de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a la unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con condiciones diferenciales.

Entre los trasladados, se encuentra Alfredo Astiz, condenado por crímenes cometidos en la Esma y símbolo del accionar represivo durante la última dictadura cívico-militar.

El movimiento de los represores, confirmado el viernes, se dio en un contexto de creciente preocupación por la posible reversión de políticas de memoria, verdad y justicia. El SPF, bajo la órbita del ministerio de Seguridad al que encabeza Patricia Bullrich, argumentó que la medida responde a una necesidad de descomprimir la sobrepoblación en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Sin embargo, desde organismos como HIJOS Capital y sobrevivientes de centros clandestinos de detención denunciaron que se trata de un “beneficio encubierto” que les otorga privilegios a criminales de lesa humanidad. Campo de Mayo no solo ofrece mejores condiciones de detención, sino también acceso a actividades recreativas y talleres, lo que fue calificado por las víctimas como “una provocación y una reivindicación del terrorismo de Estado”.

TRASLADADOS. Nueve de los represores trasladados habían actuado en la Esma, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura: Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Masón (hijo), Adolfo Miguel Donda, Jorge Rádice, Antonio Pernías y Luis Navarro.

Otros cuatro represores habían operado en el Circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.

También fueron trasladados Marcelo Cinto Courtaux – oficial de inteligencia condenado por la represión a la Contraofensiva Montonera y padre de un actual funcionario del Senado vinculado con Victoria Villarruel-, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Julio César Argüello (condenado en el circuito Camps), el uruguayo Manuel Cordero Piacentini (Plan Cóndor) y Raúl Guglielminetti (ex-Batallón 601).

Todos ellos se suman a los 52 represores ya alojados en Campo de Mayo, donde también están el cura Christian Von Wernich, Gonzalo “Chispa” Sánchez y Juan Daniel Amelong. Muchos de ellos se autodenominan “muertos vivos”, buscando llamar la atención del Gobierno de Javier Milei.

“PROVOCACIÓN”. El repudio fue inmediato. “El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”, señalaron desde HIJOS Capital.

Ana Careaga, hija de una de las Madres de Plaza de Mayo secuestradas por Astiz, dijo que la medida constituye “una gravísima señal de impunidad”. También recordó que “quienes hemos dado testimonio somos convocados por la ley de víctimas para opinar sobre estos beneficios. La semana pasada nos opusimos al pedido de morigeración de Arráez, y ahora lo premian con este traslado”.

Guillermo Pérez Roisinblit, nacido en la Esma y apropiado por un militar, expresó en sus redes sociales: “Genocidas a cárceles VIP para premiarlos por la crueldad y ferocidad con las que desaparecieron a miles de argentinas y argentinos. Solo falta que ahora decidan juzgar en ausencia a los desaparecidos”.

RETROCESO. El traslado se inscribe en una serie de señales que preocupan a los organismos de derechos humanos. A las visitas de diputados de La Libertad Avanza a los represores en el 2023 se suma la línea negacionista que impulsan figuras como la vicepresidenta Villarruel.

La organización Justicia y Concordia -que nuclea defensores de represores- calificó el traslado como “tortuoso”, pero celebró el reencuentro de los condenados con sus “camaradas” en Campo de Mayo.

Mientras tanto, continúa el reclamo de las organizaciones de que se respete la sentencia social y judicial sobre los crímenes de la dictadura en un país que ha sostenido políticas ejemplares de memoria, verdad y justicia durante más de cuatro décadas.

Fuente: “Infocielo”.