Privatizar el agua, un retroceso en derechos fundamentales

NACIONALES. La defensoría del Pueblo advierte sobre los riesgos de entregar AySA al capital privado y llama a proteger el acceso al recurso natural como derecho humano.

El reciente decreto del Poder Ejecutivo nacional que habilita la privatización de “Agua y Saneamientos Argentinos” Sociedad Anónima (AySA) va mucho más allá de una decisión de gestión: implica un cambio profundo en el modo en que el Estado garantiza derechos esenciales.

Así lo planteó el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien advirtió sobre las graves consecuencias de mercantilizar un recurso estratégico como el agua.

“El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y por nuestra propia legislación. No puede ser tratado como una mercancía sujeta únicamente a las reglas del mercado”, sostuvo Martello. En el mismo sentido recordó que el agua es un bien común indispensable para la vida, la salud y la dignidad de las personas.

Desde la defensoría del Pueblo alertaron respecto de que este tipo de medidas, bajo el argumento de atraer inversiones o eficientizar la gestión, ya han fracasado en el pasado reciente. “La experiencia de la privatización de los años ’90, con ‘Aguas Argentinas’ SA bajo control mayoritario de la multinacional francesa ‘Suez’, dejó como saldos tarifas impagables, desinversión, y un marcado deterioro en la calidad y la cobertura del servicio”, señaló.

AySA había sido reestatizada en el 2006, luego de ese proceso fallido, marcado por incumplimientos contractuales y demandas internacionales. Sin embargo, hoy se vuelve a plantear la entrega del servicio a manos privadas, incluso con el interés declarado de una empresa estatal extranjera de quedarse con la gestión.

“Lo paradójico es que, mientras aquí se pretende privatizar, en otros países se mantiene o se recupera el control estatal del agua. Estamos entregando un recurso vital a intereses económicos, con el único objetivo de hacer caja en el corto plazo”, denunció Martello.

Desde la defensoría del Pueblo remarcaron que privatizar AySA no es modernizar ni eficientizar; es retroceder. Y concluyeron: “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso igualitario al agua, cuidando este recurso y protegiendo el derecho de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables”.