Patricia Bullrich dio marcha atrás con la prohibición de reuniones de tres personas o más en la vía pública
MEDIDA. La ministra de Seguridad de la nación dijo ante Diputados que el artículo “generó confusión”.
El Gobierno nacional se muestra cada vez más permeable a las modificaciones sobre la ley ómnibus y deja de lado algunos de sus planteos más ortodoxos a fin de intentar lograr consensos para el avance de sus reformas.
Uno de los puntos más polémicos era el insólito artículo, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohibía reuniones de más de tres personas en la vía pública con el fin de controlar la protesta social, el cual ahora será dejado de lado, tal como ha ocurrido con las modificaciones al régimen de pesca.
La normativa fue entendida por sectores sindicales y los movimientos sociales como un claro avance en el cercenamiento a la libertad de protesta y hacia la criminalización de la protesta social que completaba las restricciones del protocolo antipiquetes. Además, generó malestar en amplios sectores de la comunidad, que vieron peligrar su derecho a la circulación y al reclamo en la vía pública.
“Lo primero que voy a hacer es una aclaración. Hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de tres personas. Eso está vinculado con la ley de tránsito, y no con la general”, expresó Bullrich ante las comisiones de Diputados. Y remarcó: “Vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo de la ley”.
PIQUETES. “La posibilidad de tener un país en orden, capaz de crear trabajo, se manifiesta en la razonabilidad de la protesta social. El país ha tenido, desde el 2009 hasta el 2023, 85.200 piquetes y manifestaciones. Esto representa 815 cortes mensuales, en promedio”, se excusó la funcionaria. Y agregó: “Implica una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de posibilidades de llegar a sus empleos”.
En esa dirección reafirmó la decisión del Gobierno de Javier Milei de desarticular el rol de los intermediarios y de sancionar a los líderes piqueteros que fomenten cortes en la vía pública. “Habrá una pena mayor para los organizadores. Será de tres a seis años de prisión”, precisó. Y manifestó: “De ninguna manera, puede haber una conducción paralela al Estado nacional, que decide sobre la vida de la gente”.
“Los organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los daños que ocasionen en el patrimonio público y privado”, completó Bullrich.