Nuevo intento de prohibir las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales
LEGISLACIÓN. La presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios, Sabrina Sabat, diputada del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que impide la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos cercanos a colegios, con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
Con un proyecto de ley, Sabrina Sabat, diputada provincial del bloque dialoguista y quien preside la comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, busca el consenso de los bloques para sancionar la iniciativa según la cual no se puede fumigar en los terrenos lindantes a escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras, generando zonas de resguardo, y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, fundamentó la legisladora del bloque dialoguista en la Legislatura.
En un contexto en el que muchas escuelas de la provincia conviven a diario con la aplicación de productos fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas, el proyecto establece criterios claros que garantizan la seguridad ambiental. “La legislación local, en algunos casos, es ambigua. Por eso es fundamental avanzar en una normativa provincial que unifique criterios”, dijo la diputada. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen, con al menos 48 horas de anticipación, sobre la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Además, prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano, y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, enfatizó Sabat. Y agregó: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
Vale remarcar que, en enero, la Resolución N° 246, firmada por el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018, había sido prorrogada. La norma regula el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca ha entrado en vigencia.
El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, había firmado la Resolución N° 2/25 para prorrogar, desde el 8 de enero “y por el término de doscientos diez días”, la suspensión de la normativa en cuestión.
Según se había argumentado en aquel momento, la decisión se había tomado por la “necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados con el Observatorio Técnico de Agroquímicos”.
Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y al proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.