La política previsional de Milei: pérdida de poder adquisitivo y ajuste a expensas de los jubilados

CRISIS. Lo señala un informe detallado del Centro de Economía Política Argentina que agrega que, con la moratoria a punto de finalizar y la falta de medidas que favorezcan a este sector, la situación del sector se vive con total incertidumbre.

Desde diciembre de 2023, la política previsional implementada por el gobierno de Javier Milei ha tenido un claro carácter regresivo, afectando directamente a los jubilados y pensionados de Argentina. Las adoptadas han consistido en una serie de decisiones que han generado una pérdida constante de poder adquisitivo de los haberes previsionales, impulsadas principalmente por la aceleración de la inflación y la modificación de las fórmulas de actualización de las jubilaciones. Lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina añadiendo que a través de la consolidación de estas políticas, el gobierno ha sostenido su objetivo de mantener el superávit fiscal, pero lo ha hecho a costa de la calidad de vida de los jubilados, cuyo poder adquisitivo se ve seriamente deteriorado.

Una de las medidas más trascendentales ha sido la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, añade el informe.

Esta decisión, que ató las jubilaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC), derogó la Ley 27.609 que había estado vigente desde 2021 y que había establecido un sistema de actualización más favorable para los jubilados. Aunque la nueva fórmula permitió una recuperación parcial en el primer trimestre de 2024, las proyecciones indican que, con el tiempo, la fórmula anterior hubiera sido más beneficiosa, garantizando aumentos más.

De acuerdo con los cálculos, la diferencia es considerable: en marzo de 2025, bajo la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono incluido) se ubicará en $279.122, lo que representa un incremento del 2,2% según el IPC de enero de ese año. Sin embargo, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, el monto de la jubilación mínima alcanzaría los $356.962, un 27,9% más que lo que los jubilados recibirán bajo la nueva fórmula. Esta diferencia resalta el impacto negativo de las modificaciones impulsadas por el gobierno, que parece haber optado por reducir el gasto en jubilaciones sin considerar los efectos sobre el bienestar de los adultos mayores.

A este ajuste se le suma el congelamiento del bono compensatorio para los jubilados, que desde marzo de 2024 ha quedado fijado en $70.000 para el 70% de los jubilados. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, mientras que los haberes se incrementaron en un 103,1%, la jubilación mínima con bono incluido solo aumentó un 67,8%. De haberse actualizado de manera proporcional, el bono debería haber llegado a $142.161 en febrero de 2025, más del doble de lo que los jubilados reciben en la actualidad. Esta distorsión entre el aumento de los haberes y la congelación del bono resalta aún más la regresividad de las medidas adoptadas.

A pesar de las promesas oficiales de que los jubilados ganarían frente a la inflación, la realidad es que su poder adquisitivo se ha visto erosionado. En el primer trimestre de 2025, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono será 1,9% por debajo del último trimestre de la gestión anterior, mientras que aquellos que sí reciben bono se ubican 13,3% por debajo en la misma comparación. Esta caída del poder adquisitivo demuestra que, a pesar de los aumentos nominales, los jubilados no han logrado mantenerse a la par de la inflación, lo que ha generado un malestar generalizado en la clase pasiva.

La situación se agrava aún más por la decisión del gobierno de rechazar la Ley 27.756, sancionada por el Congreso, que había establecido una serie de medidas que habrían favorecido a los jubilados. Esta ley contemplaba una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto y una cláusula gatillo para actualizar los haberes anualmente, en caso de que se registre una recuperación real de los salarios. Sin embargo, el Ejecutivo vetó esta ley, lo que dejó a los jubilados sin una respuesta que pudiera mitigar la pérdida del poder adquisitivo.

Otro factor que ha empeorado la situación de los jubilados es la modificación de la política de medicamentos del PAMI. Desde el inicio de la gestión de Milei, se ha reducido el número de medicamentos cubiertos al 100% por el sistema y se han cambiado los criterios de acceso a los medicamentos gratuitos, lo que ha dificultado que muchos jubilados puedan acceder a tratamientos esenciales. Además, aquellos medicamentos que deben pagar han aumentado a un ritmo mucho mayor que la inflación. La canasta de medicamentos de PAMI aumentó un 361,6% desde el triunfo de Milei hasta enero de 2025, lo que significa que los jubilados están pagando mucho más por sus tratamientos, mientras que sus haberes no han crecido al mismo ritmo.

A pesar de que el gobierno presentó un proyecto de presupuesto para 2025, las proyecciones continúan siendo preocupantes para los jubilados. El presupuesto ratificó la fórmula atada al IPC y mantenía el bono congelado en $70.000 durante todo el año. Aunque el proyecto no fue aprobado, dado que el Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y desplazó al titular de ANSES, la política provisional continúa sin mejoras significativas. Las jubilaciones seguirán perdiendo poder adquisitivo, el bono seguirá congelado, y la moratoria previsional, que ha permitido que muchos argentinos accedan a la jubilación, vencerá en marzo de 2025.

La no prórroga de la moratoria previsional es otro factor alarmante, ya que dejará a la mayoría de las personas que lleguen a la edad de jubilación sin acceso a una jubilación completa. Según estimaciones, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse deberán conformarse con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y no es pensionable. Esto pone de manifiesto la falta de una política inclusiva para los jubilados, especialmente para aquellos que no han podido completar los requisitos para acceder a un jubilado.

En conclusión, la política previsional del gobierno de Javier Milei ha tenido un impacto negativo sobre los jubilados, quienes han visto cómo su poder adquisitivo se deteriora constantemente debido a los ajustes en las fórmulas de actualización y la congelación del bono compensatorio. A pesar de los aumentos nominales en las jubilaciones, los jubilados siguen perdiendo frente a la inflación, lo que pone en evidencia una estrategia regresiva que ha favorecido el ajuste fiscal a costa de los derechos de los adultos mayores. Con la moratoria provisional a punto de finalizar y la falta de medidas que favorezcan a este sector, la situación de los jubilados se vive con total incertidumbre.