La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un amparo contra el DNU del Gobierno nacional

POLÍTICA. El organismo al que conduce Guido Lorenzino extendió el recurso para que se declaren la “inconstitucionalidad y nulidad” de las medidas dictadas por Javier Milei. “El Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución”, argumentaron.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó un amparo contra el Estado nacional para que se declaren la inconstitucionalidad y la nulidad absolutas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, porque se ha dictado con el objetivo de eludir la participación del Congreso de la nación, además de que viola la separación de Poderes y el orden democrático.

“La decisión del presidente de la nación, Javier Milei, de modificar aproximadamente 300 leyes, algo expresamente prohibido por el Artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”, manifestó al respecto Lorenzino.

Cabe destacar que el propósito de esta presentación judicial se basa en velar por la vigencia absoluta de la Constitución Nacional, reafirmando que el DNU pone en peligro el derecho fundamental al mantenimiento de la misma.

El Decreto N° 70/23 es manifiestamente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo ha usurpado atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución. “Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia solamente cuando circunstancias excepciones hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”, expresa el texto.

Además, viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo a las reglas y los principios fijados expresamente por la Constitución.

En este marco, el defensor del Pueblo encuentra su legitimación en el Artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y es el representante adecuado porque tiene a cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia, los cuales se ven afectados por los múltiples temas que aborda el DNU.

LOS EJES. En este marco, la presentación para que se declaren la inconstitucionalidad y la nulidad del DNU se suplementa en varios ejes.

“Es inconstitucional porque se dictó por meras razones de conveniencia y con el objetivo de eludir la participación del Congreso”; “es inconstitucional por cuanto se dictó para atender cuestiones permanentes y no meramente coyunturales o transitorias”; “viola la separación de Poderes, así como el orden democrático, en tanto suprime la función del Congreso nacional”; “es irrazonable y arbitrario por cuanto, en un solo decreto legislativo, ha derogado y modificado leyes que corresponden a las más variadas materias”, argumenta.

“El decreto no demuestra ni acredita que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”; “no se justifica en cada una de las múltiples materias reguladas que exista urgencia objetiva que deba ser solucionada inmediatamente”; “la prueba inequívoca de que el Congreso está en condiciones de reunirse es que el 21 de diciembre se convocó a sesiones extraordinarias”; “los considerandos del DNU sólo contienen un diagnóstico de la situación del país y un pronóstico de las calamidades que habría que esperar, pero nada dicen de las exigencias de la Constitución para dictar un DNU, la imposibilidad de acudir al Congreso, y la justificación de la necesidad y la urgencia”; y “el Poder Ejecutivo así, por mandato celestial o divino, se constituye en una súper-legislatura unipersonal”, añade.