La Corte Suprema falló en las apelaciones interpuestas en el juicio contra el exintendente Jorge Fernández
TERCERA INSTANCIA. El máximo tribunal bonaerense se expidió respecto a los recursos elevados, tanto por Salvador Serenal (en calidad de particular damnificado) como por la parte imputada (en este caso, el exmandamás de Lincoln). La parte acusatoria lo hizo para que se considere el delito de “Asociación ilícita”, que había sido desestimado en Casación; y la acusada, en busca de quedar libre de cargos de “los delitos de Defraudaciones a la administración pública en reiteradas oportunidades, en concurso ideal con uso de documento falso”, por los que sí había recibido condena.
A través de dos fallos firmados por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Maidana, Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan, además del secretario Roberto Martínez Astorino, ambos con fecha del 20 de febrero del 2025, el máximo tribunal se expidió respecto de los recursos de apelación interpuestos por el intendente Salvador Serenal -como particular damnificado, por un lado- y Jorge Abel Fernández -en calidad de imputado condenado en primera y en segunda instancias por delitos vinculados con hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal del Partido de Lincoln-.
En ese marco, la Corte Suprema no hizo lugar a ninguna de las dos apelaciones y por eso todo quedará como lo había dispuesto el tribunal de Casación en noviembre del 2024. En aquella oportunidad había condenado a Jorge Fernández y a Marcelo Porto (también había incluido a Walter Fernández, quien posteriormente falleció) por “los delitos de Defraudaciones a la administración pública en reiteradas oportunidades, en concurso ideal con uso de documento falso, por los hechos acaecidos entre los años 2009 y 2012, en la ciudad de Lincoln”. Pero, en aquella oportunidad, los exfuncionarios habían recibido el fallo absolutorio en lo que respecta a “Asociación ilícita”, uno de los delitos más importantes por los que habían sido condenados.
En este sentido, los jueces que integraron la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, los doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, habían ordenado que “se readecúe el monto de la pena impuesta a los encausados, por hallarlos coautores penalmente responsables de los delitos de defraudaciones a la administración pública en reiteradas oportunidades, en concurso ideal con uso de documento falso, por los hechos acaecidos entre los años 2009 y 2012, en la ciudad de Lincoln”.
Fernández y los dos exfuncionarios habían sido condenados en primera instancia en el marco de la causa por los delitos de “Asociación ilícita, defraudación en perjuicio de la administración pública y utilización de documentos públicos falsos”.
En aquel momento se había condenado “por unanimidad a Jorge Abel Fernández, como coautor penalmente responsable de los delitos de ‘Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con defraudación a la administración pública en reiteradas oportunidades, éstas últimas en concurso ideal, con uso de documentos falsos por hechos ocurridos entre los años 2009 y 2012 en Lincoln’, a cumplir la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua de ejercer cargos públicos”, según habían dictaminado los jueces.
Por su parte, Porto había recibido la pena de cinco años e inhabilitación especial perpetua de ejercer cargos públicos por los mismos delitos.
El próximo paso en el proceso será la readecuación de la pena para los encausados en los tribunales de Junín. La misma, seguramente, deberá ser menor que la impuesta en primera instancia. En este sentido se descuenta que se reducirá la pena en años de cárcel, lo que permitirá que ambos condenados, al ya haber cumplido casi dos años de prisión, tengan como cumplida parte de la pena y no deban volver al penal. La gran duda radica en la inhabilitación perpetua de ejercer ambos públicos, lo que, en el caso de Jorge Fernández, lo eyectaría de su banca de concejal y le daría fin a su carrera política, al menos con aspiraciones de ocupar espacios electivos o ejecutivos.