Kicillof denunció a Milei por amenaza al orden constitucional y exige diálogo por la seguridad
POLÍTICA. El Gobernador rechazó la posibilidad de intervención de la Provincia y acusó al Presidente de desviar la atención de problemas clave. Lo convocó a una reunión de trabajo y anunció una denuncia penal en su contra.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció penalmente al presidente Javier Milei de posible intento de alterar el orden constitucional, luego de que el máximo mandatario sugiriera la intervención de la Provincia a través de un mensaje en la red social X.
En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof calificó a la amenaza de “un sueño autoritario” y advirtió que no permitirá atropellos contra las instituciones democráticas ni la autonomía de la Provincia.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes de distintos Municipios, referentes sindicales y representantes de organizaciones sociales, el Gobernador expresó su rechazo contundente a la amenaza de intervención y cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo nacional ante la crisis de seguridad. En este sentido acusó a Milei de “querer desviar la atención de problemas clave”, como el avance del narcotráfico y el impacto de su política económica en la sociedad.
“Le pido que no sea cobarde, deje Twitter y los delirios autoritarios, y se reúna a trabajar en un tema tan importante y complejo como la inseguridad”, lo desafió Kicillof, subrayando la necesidad de un trabajo coordinado entre la Nación y la Provincia para abordar la problemática.
El cruce entre el Gobernador bonaerense y el Presidente se ha intensificado tras el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años que había sido arrastrada por un auto robado en La Plata. Después del crimen, Kicillof le ha propuesto a Milei coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad. Sin embargo, el jefe de Estado ha rechazado la iniciativa y, en su lugar, lanzado duras críticas contra el Ejecutivo bonaerense, insinuando la posibilidad de intervenir la Provincia.
Kicillof respondió con firmeza, habiendo aclarado que la responsabilidad de detener y de encarcelar a delincuentes no recae en los Gobernadores, sino en la Justicia. Recordó que el joven de 17 años que había asesinado a Kim había sido detenido en dos oportunidades y liberado por decisión judicial. “Poner presa a una persona o liberarla no lo decide un Gobernador, sino la Justicia”, enfatizó. También sostuvo que el caso no se debe a un vacío legal, ya que el delincuente era punible, sino a fallas en la aplicación de la ley.
Además, advirtió que el Gobierno nacional ha desfinanciado áreas clave en materia de seguridad, lo que agrava la crisis en la provincia. “Milei es el principal responsable del narcotráfico. No puede controlar 200 kilómetros de frontera y dice que en un año va a terminar con la violencia”, criticó, en referencia a la falta de políticas efectivas para frenar el ingreso de drogas al país.
En respuesta a la amenaza de intervención, Kicillof anunció que ha instruido al asesor general de Gobierno y al fiscal de Estado para que presenten una denuncia penal contra el Presidente. El Gobernador sostiene que las declaraciones de Milei podrían constituir delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia.
La denuncia ha sido respaldada por un amplio arco político y social. El Partido Justicialista (PJ) bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, y el PJ nacional, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, emitieron comunicados de repudio a las declaraciones de Milei, denunciando un intento de golpe institucional contra la Provincia de Buenos Aires.
En la misma línea, dirigentes como el senador nacional Eduardo De Pedro, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, manifestaron su preocupación por la falta de respeto a la institucionalidad democrática.
Una de las voces más críticas fue la de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien señaló que el Gobierno nacional ha recortado $750.000 millones del fondo de seguridad para la Provincia de Buenos Aires, lo que equivale a 10.000 patrulleros o 30.000 cámaras de seguridad. “Presidente, ¿qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los fondos que usted les sacó a los bonaerenses?”, cuestionó Tolosa Paz.
También exigió que el Ejecutivo restablezca los fondos para las obras públicas, ya que la suspensión de estos recursos ha afectado la construcción de cárceles y de alcaldías, infraestructura clave para mejorar el sistema penitenciario y evitar la reincidencia delictiva.
En su discurso, Kicillof fue categórico. “La Provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni a extorsiones”, enfatizó, en referencia a lo que calificó como un intento de presión política por parte del Ejecutivo nacional.
Kicillof insistió en que la intervención de una Provincia implicaría un grave avasallamiento a la soberanía popular y a las instituciones democráticas, afectando a Municipios, sindicatos, universidades y organismos públicos.
Finalmente, reiteró su llamado al Presidente para que, en lugar de lanzar amenazas mediante las redes sociales, se siente a discutir sobre soluciones reales. “Ahora, que pusimos todo en claro, le pido que deje Twitter, y se reúna a trabajar en un tema tan importante y complejo como la política de seguridad”, subrayó.
El conflicto entre la Nación y la Provincia sigue escalando en un contexto de crisis social y económica creciente. Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los bonaerenses, que esperan respuestas concretas, más allá de la confrontación política.