¿Justicia para todos?
Hacete amigo del juez,
no le des de qué quejarse,
pues siempre es bueno tener
palenque donde rascarse.
Nuestra Constitución está hecha a semejanza de la norteamericana, que trata de mantener los privilegios de los más poderosos. En ese marco, el Poder Judicial no es la excepción, ya que siempre ha sido mayoritariamente clasista y burgués, afectando a los sectores más vulnerables de la población y a aquellos que no responden al poder real. Se sigue criminalizando la pobreza. Mientras los ladrones de gallinas llenan las cárceles, los de guante blanco no son alcanzados por la Justicia.
Esta situación se ve agravada en la actualidad y estamos asistiendo al derrumbe del estado de derecho. Se deja de lado el cumplimiento del debido proceso, no se respeta el principio constitucional de presunción de inocencia, se hace abuso de decretos de “Necesidad” y “Urgencia”, de la prisión preventiva. El poder político presiona a los jueces cuyos fallos no responden a sus intereses. Un sector del Poder Judicial está totalmente partidizado y se presta a los manejos revanchistas del Gobierno de turno. Las pruebas han pasado a ser un elemento secundario en las causas judiciales, y el show mediático y los métodos de tipo mafioso han suplantado a los procedimientos legales.
Se dictan prisiones preventivas con el pretexto de que pueden perjudicar el avance de la investigación, cuando los hechos que se denuncian son de prueba documental. El uso de la prisión preventiva como un adelanto de condena es una práctica perversa del Poder Judicial. Responde a lo siguiente: “Si alguien está preso, siempre por algo será”. Es un adelanto de condena. Para justificar y mantener la prisión preventiva, se recurre en muchas oportunidades a la figura penal de asociación ilícita: “Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte de una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación’’ (Artículo 210 del Código Penal).
En la práctica hay pocas condenas por asociación ilícita, pero no por ello deja de ser útil a cualquier tipo de revanchismo político.
Una vez más, advertimos sobre la necesidad de respetar el debido proceso legal como única forma de garantizar el estado de derecho.
Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.