Impuestos 2025: Kicillof aplica un esquema de emergencia
RÉGIMEN IMPOSITIVO. La agencia de recaudación cobrará, en principio, las mismas cuotas que el año pasado, pero mantendrá descuentos que no estaban vigentes en el 2024.
El rechazo en la Legislatura al proyecto de ley impositiva de este año ha obligado al Gobierno de Axel Kicillof a adoptar una medida de emergencia para sostener beneficios por pagos anuales, mientras define si deberá postergar el vencimiento de cuotas, que en principio serían idénticas a las del 2024.
Al mismo tiempo, la oposición advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del esquema que el Gobernador aplica para salir del paso.
El tratamiento de la impositiva había caído junto con el del Presupuesto la semana pasada, por lo que, más allá de que el Ejecutivo y la oposición han acordado retomar la negociación este mes, por ahora ninguna de las leyes está vigente. Kicillof ha optado, en este escenario, por prorrogar ambas normas del año pasado a través del Decreto N° 3.682.
El capítulo impositivo es el que requiere de definiciones más urgentes. Arba, la agencia de recaudación, debe liquidar el vencimiento, y los primeros ocurren en febrero (la primera de las cinco cuotas del Impuesto Inmobiliario), por lo que debe confeccionar las liquidaciones en unas semanas.
De ahí, la prórroga. Sin nueva ley de impuestos, por ahora, la prórroga impone el criterio de volver a cobrar lo mismo que el año anterior. Es decir, la primera cuota del Inmobiliario 2025 será idéntica a la primera del 2024. De hecho, si no hay acuerdo parlamentario y no se vota una nueva ley, fuentes de la agencia le han informado a DIB que ese mecanismo se extenderá a todos los impuestos y todo el año.
En Arba han admitido una particularidad: el vencimiento de febrero del Inmobiliario podría retrasarse unas semanas y pasarse a marzo, mes en el que también comenzarán los vencimientos de patentes, debido a que tienen que readaptar la liquidación para volver a cobrar lo que habían hecho en el 2024.
Pero hay una excepción al criterio de replicar en materia impositiva el 2024: las bonificaciones -por pago anual, pago con débito o adhesión al débito automático, según el tributo- que el año pasado no habían existido y que Arba sostendrá este año. Como el beneficio figuraba en la ley que no se ha votado, la agencia emitirá una resolución para sostenerlas, conforme le indicaron a DIB desde el Ejecutivo.
En este contexto, la oposición lanzó una advertencia que podría complicar todo el esquema. Cuestionó la constitucionalidad de la prórroga de la Ley de Impuestos, justamente el mecanismo al que ha apelado Kicillof para avanzar.
El encargado de hacer pública la objeción fue el presidente del bloque de UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, uno de los jefes parlamentarios que se sentarán con el Ejecutivo cuando se retomen formalmente las negociaciones.
“El Artículo 2 del Decreto N° 3.681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio, no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal, porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (Artículos 45 y 103, Inciso 1, CPBA)”, escribió Garciarena en su cuenta de X para cuestionar la constitucionalidad del camino elegido por Kicillof.