El sistema de crueldad represiva, más vigente que nunca
La violencia estatal es una violación a los derechos humanos. En la post dictadura fue agudizándose al calor de las políticas neoliberales que generaron un proceso de profunda regresión social, desocupación, pobreza, y una fuerte fragmentación y segmentación social.
La violencia estatal no es una excepción; es el resultado de una política criminal punitivista que genera las condiciones de posibilidad, y propicia y legitima las prácticas violentas por parte de agentes del Estado.
El punitivismo no es nuevo: se basa en la falacia de que es la única forma de resolver el problema de la inseguridad, y es la orientación de las políticas de seguridad desde hace más de dos décadas.
Desde la implementación del protocolo antipiquetes de la ministra Bullrich de 2023, la Comisión Provincial por la Memoria monitorea el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, para luego presentar informes donde realiza un detallado análisis de las consecuencias que devienen de la política represiva planificada por el Gobierno nacional y que afecta gravemente los derechos constitucionales de expresión, manifestación y petición a las autoridades.
Durante 2024, la Comisión Provincial por la Memoria elaboró cuatro informes por hechos de represión a la protesta social que fueron presentados al Congreso nacional, autoridades nacionales y provinciales, y organismos internacionales de derechos humanos.
En todas las manifestaciones, que se realizan de manera pacífica, hay despliegue policial desproporcionado en número y recursos frente a la cantidad de manifestantes, tanto en el lugar de convocatoria como en las zonas aledañas, cuyo objetivo se centra en el control del espacio público por parte de las fuerzas represivas.
La violencia estatal se despliega como una acción dirigida a provocar temor en los manifestantes a fin de disuadir la protesta social. También cuando las manifestaciones son de pocas personas.
La represión es selectiva. La mayoría de los hechos se llevan a cabo cuando se movilizan las organizaciones sociales o piqueteras y los partidos de izquierda, donde además se detiene arbitrariamente a manifestantes. En la mayoría de las detenciones, se imputan delitos como atentado y resistencia a la autoridad o daños, figuras delictivas que, por la escala que contemplan, implican la rápida liberación de las personas detenidas.
Durante la jornada de la movilización en repudio al tratamiento de la ley “Bases”, el día 12 de junio de 2024 se produjeron detenciones, las cuales representaron una nueva modalidad político-judicial, agravada de penalización de la protesta social, por incorporar la acusación de “terroristas”, “sediciosos” o “golpistas” a las personas aprehendidas.
En referencia al armamento utilizado por las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como provinciales, resulta especialmente preocupante la portación de armamento letal, a pesar de estar prohibido.
Las fuerzas de seguridad atacan a personas que cumplen funciones en la manifestación -como lo ocurrido al fotógrafo Pablo Grillo- y también a personas que integran los grupos más vulnerados.
La represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad -como la de los miércoles a los jubilados- que dan cuenta de una política preconcebida, planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en particular de los movimientos sociales, políticos y sindicales.
El circo represivo que Bullrich se encarga de montar cada miércoles frente al Congreso alcanzó niveles de violencia que parecen fuera de control. En los primeros cinco meses de este año, los palos y los gases de las fuerzas de seguridad ya dejaron más heridos en contexto de protesta que durante todo el 2024. Así lo indica el informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria para el diario Página/12, con base en un monitoreo de 25 movilizaciones protagonizadas por los jubilados, y otros actores sociales y políticos.
En estas violencias anida “el huevo de la serpiente” del autoritarismo, que debilita a la democracia hasta dejarla sin vida. De continuar este camino, será mera retórica, vacía de lo sustantivo que es garantizar el derecho a tener derechos. Son las nuevas modalidades de regímenes autoritarios, cuyo objetivo no difiere del que buscaron las dictaduras más atroces, a las que no queremos volver NUNCA MÁS.
Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.