El infierno tan temido
En las últimas semanas, voraces incendios en la Comarca Andina, zona que recorre parte de las provincias de Chubut y Río Negro, han causado enormes pérdidas, sin por eso obtener la atención necesaria en los informativos de los medios nacionales. Un balance provisorio indica que son ya 27.000 hectáreas quemadas, decenas de casas incendiadas, un muerto, incontable cantidad de animales y el Estado ausente.
Además de los bosques arrasados, se quemaron historias, sueños y proyectos. Vale entonces preguntarse en qué condiciones llegan las y los brigadistas a combatir el fuego.
La gestión libertaria de Javier Milei desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó el 73% menos que en el 2023. Además, la mitad de los trabajadores y trabajadoras de parques nacionales están, al día de hoy, trabajando sin contrato. Se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos.
En diciembre del año pasado, el organismo pasó a la órbita del ministerio de Seguridad al que conduce Patricia Bullrich, quien hasta el momento no se hizo presente en el lugar. En sus redes sociales, a raíz de los incendios, la ministra aprovechó para declarar a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como terroristas y denunciar a Facundo Jones Huala. Sobre la catástrofe, las cientos de familias que quedaron con lo puesto y cómo harán para colaborar en la reconstrucción, sólo hay silencio.
Las personas afectadas no tienen como prioridad ahora realizar análisis de las causas de los incendios: están preocupadas en contenerlos y organizarse frente a la falta de recursos. Los incendios son cada vez más cruentos año a año, frecuentemente en estas épocas calurosas, mezclando cada vez características sistémicas (sequías, calentamiento global) con particulares (cómo se inicia el fuego) y, últimamente, con una marcada ausencia del Estado en la prevención y la atención del asunto.
Ante la indiferencia del Gobierno nacional, la comunidad de la zona se organizó rápidamente. Cuenta con una experiencia histórica en enfrentar la catástrofe. El aporte de las brigadas vecinales ha sido fundamental para poder frenar el avance del fuego. Aunque oficialmente no se lo quiera reconocer, el esfuerzo sí se les reconoce en el territorio a muchas y muchos trabajadores. Las asambleas autoconvocadas de la zona organizaron una colecta con los datos verificados, los nombres y el detalle de las pérdidas materiales de alrededor de 200 familias. Arman viandas para repartir, aprovisionamiento de agua y colectas, cubriendo diariamente todos los aspectos que implica tan ardua tarea.
La policía provincial, fogoneada por los Gobiernos local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuches. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió, además, el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del Municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada.
Existe, sin dudas, una tendencia preocupante en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades mapuches. Sin embargo, en la comunidad dicen: “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”.
Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.