Con respaldo del campo, buscan crear fiscalías especiales para delitos rurales en la provincia
PROPUESTA. Desde los diversos bloques opositores en la Legislatura le dieron apoyo a una propuesta para prevenir y combatir el delito en el campo.
Dirigentes de entidades del campo, como la Federación Agraria, Carbap y Coninagro, desde el espacio que conforman la Unión Cívica Radical (UCR) y “Cambio Federal”, presentaron un proyecto para crear fiscalías especializadas en la resolución de los diversos delitos rurales en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa de la diputada Silvina Vaccarezza, en concreto, crea unidades fiscales de investigación y juicio, especializadas en delitos rurales y delitos conexos, en el ámbito del Ministerio Público.
En este plano señalaron que no implica la creación de nuevos cargos, sino que capacitará al personal que ya trabaja en la Justicia.
Según plantea la autora, la iniciativa “da respuesta al incremento en los delitos rurales, situación que obliga a generar una respuesta institucional y a adaptar el entramado organizacional y judicial provincial, para lograr una mayor eficacia en prevenir y sancionarlos”.
La propuesta ha recibido el visto bueno de legisladores del PRO, de los dos sectores radicales, de los libertarios dialoguistas de “Unión, Renovación y Fe” e incluso de algunos diputados de “Unión por la Patria” que han respaldado la presentación, como los renovadores Juan Malpeli y Carlos Puglelli.
“El trabajo con las patrullas ha sido exitoso. En materia judicial, es más complejo. No critico a los fiscales, pero vemos que no tienen el conocimiento exacto de cómo es el delito rural. Hay protocolos para los diversos delitos, pero ante los rurales no saben cómo actuar”, planteó el titular de Carbap, Horacio Salaverri.
A su turno, Claudio Angeleri, de la Federación Agraria, señaló que la propuesta servirá “para poder solucionar el problema, dado que el delito rural ha crecido”. Y ratificó las dificultades actuales de la Justicia para dar respuestas a estos delitos.
De avanzarse en esta propuesta, se implementará de forma gradual con base en índices de conflictividad y litigiosidad. La idea es instalarlas en los distritos judiciales que tengan alta demanda.
Las unidades tendrían en cuenta no sólo las denuncias nuevas, sino también otros trámites anteriores.