Con hambre y sin techo
Empieza a caer la tarde en la Villa 31. Hay niños jugando en la calle, en una parrilla se cocinan chorizos y en un salón comunitario jóvenes aprenden a cortarse el pelo. Aunque la mayoría de las calles del barrio Carlos Mugica están tranquilas, frente a un pequeño edificio ya se forma fila: hay gente que espera en la puerta del comedor “Gustavo Cortiñas” (secuestrado-desaparecido por la dictadura e hijo de Norita Cortiñas), de “La Poderosa”. “¡Tenemos hambre!”, gritan. El grito parece reflejar que la crisis social, lejos de la estabilización económica que promociona el Gobierno, está en aumento.
La suba del desempleo, el bajo consumo y el costo de la vida cada vez más apremiante amenazan especialmente la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos. Cuán grave es la situación lo revelan nuevos datos de la Encuesta de la Deuda Social realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según el relevamiento difundido recientemente, el año pasado el 28% de la población argentina padeció inseguridad alimentaria.
Como en años anteriores, la proporción es especialmente alta entre los niños: más de un tercio estuvo afectado por inseguridad alimentaria, según el estudio. “Cuando los niños no pueden alimentarse adecuadamente, esto impacta directamente en su educación. Tienen más dificultades para asistir con regularidad a la escuela o terminar sus estudios a tiempo”, advierte la politóloga Valentina González Sisto, integrante del Observatorio de la Deuda Social.
Los autores estiman que aproximadamente 4 millones de niños en Argentina tuvieron algún grado de dificultad de acceso a la comida el año pasado, ya fuera reduciendo porciones como pasando hambre. La tendencia es creciente, al igual que en los adultos.
Lo que los números revelan se ve en la vida cotidiana en las villas. “La demanda aumenta cada día”, dice Alicia Casemiro, quien dirige el comedor en la Villa 31. “A menudo, no alcanza la comida que provee el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que preparamos 365 porciones diarias”.
En este contexto, cada vez más personas dependen de organizaciones sociales como “La Poderosa”.
El problema no es solo la inseguridad alimentaria; en CABA también aumentó la necesidad de un techo. Con la llegada del invierno, y a través de un decreto, el Gobierno nacional se desligó de las personas en situación de calle –cuyo universo creció en CABA el 122% desde 2017, y el 55% entre 2022 y 2024- y pasó a estar a cargo exclusivamente de las Provincias y los Municipios.
Las relatorías de la ONU sobre Vivienda y Pobreza denunciaron un patrón de criminalización en las políticas de la Casa Rosada: desalojos, destrucción de pertenencias y un aumento del 2.137% en contravenciones. Las denuncias por violencia institucional crecieron el 128% en un año.
En los últimos días de junio, con temperaturas cerca de 0°, organizaciones sociales y más de 700 voluntarios recorrieron las Comunas de la ciudad para registrar a quienes viven en la calle. El resultado provisorio expone un aumento de las personas en esa situación, y mayor vulnerabilidad ante el abandono y la violencia estatal.
El relevamiento de personas en situación de calle se realizó con un protocolo riguroso y los datos se cargan en una aplicación que descarta observaciones repetidas. Los equipos fueron capacitados para abordar con cuidado, evitando intervenir si la persona está dormida, en ranchada o bajo efectos de sustancias. En esos casos, solo se la registra como un número. Muchos de los censados en la calle también son asistidos con alimentos y abrigos.
Los primeros relevamientos indican un notable aumento de personas en situación de calle durante el último año, muchas de ellas con estudios, profesiones u oficios, y sin consumos problemáticos. Se observa una fuerte presencia de personas mayores y casos en los cuales los problemas de salud mental son centrales, pero sin acceso al sistema de salud.
Las denuncias de violencia institucional también se repiten: en varios barrios se señala a agentes de Espacio Público como responsables de desalojos y hostigamientos, lo que empuja a muchas personas a refugiarse en los barrios populares.
Sol Lacava, referente de “Barrios de Pie”, coordinadora del censo, sabe de lo que habla. Conoce los casos más extremos, ya que ella vivió un año y medio en la calle: “En el último año, en los barrios se triplicó la gente en situación de calle. Es porque el Gobierno los desaloja de la ciudad, los barre, para que no se vean. Pero acá están. Cuando caés en la calle, al principio sentís que todos te miran. A la semana, sos un árbol, parte del pavimento. El mundo gira y vos quedás afuera. Te angustiás, te deprimís, te enojás con todo: con la sociedad, con Dios. Tu aspecto cambia y ya ni te dejan entrar al baño. Después viene lo peor: te acostumbrás. La calle se vuelve tu casa. Conseguís comida y volvés a la calle. Te tomás un colectivo y volvés a la calle”.
“Estar en la calle es el último escalón. Para que eso ocurra, antes se pulverizaron todas las instancias. Hacer el censo es una experiencia que te atraviesa, de mucha emoción. Pero hacer el censo con este frío es terrible, porque una se va con la sensación de no saber si esa persona va a estar viva al día siguiente… La calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir”, culmina su relato Sol.
A pesar de esta dolorosa realidad, los relatos estigmatizantes de la pobreza continúan desde las altas esferas de los Gobiernos municipal y nacional, con multas para los que revuelven la basura en un caso y con expresiones tales como “Si tuvieran hambre, se verían los cadáveres en las calles” en el otro. Cinismo y crueldad.
Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.