Ajuste en discapacidad: el Gobierno nacional desfinancia y busca desregular
RECHAZO. El ministerio de Salud bonaerense está en alerta máxima por las medidas que la administración de Javier Milei pretende aplicar en las prestaciones a personas con discapacidad, generando “un sistema fragmentado y desigual”.
En medio de un ajuste fiscal generalizado, el Gobierno nacional de Javier Milei busca desregular el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. De hacerlo, los beneficiarios sin recursos económicos no podrían acceder a los servicios de salud y las Provincias deberían intentar satisfacer esa demanda sin fondos.
Las prestaciones básicas para personas con discapacidad se rigen por la Ley N° 24.910 (de 1998), que establece un nomenclador y las prestaciones para los cuatro agentes básicos: obras sociales, prepagas, el Pami y el programa “Incluir Salud”. Actualmente, la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) define los aranceles de esos servicios a través de su directorio, integrado por todos los participantes del sistema. De ahí surgen, por ejemplo, los recursos que la Nación manda a las Provincias para cubrir algunas cuestiones a través del programa “Incluir Salud”.
Ahora la administración libertaria pretende modificar la ley y dejar que los prestadores determinen de forma independiente los valores arancelarios de las prestaciones. Se trata de una desregulación del sistema que ya ha sido rechazada por el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (Coprodis). De acuerdo con lo que se explicó, se generaría “un sistema fragmentado y desigual”.
Según el informe presentado por el Gobierno bonaerense, hasta abril la Nación le debía $910 millones correspondientes al programa “Incluir Salud”. Pero eso no es todo, porque los fondos que sí han llegado han quedado desactualizados. Concretamente, en junio del 2022, el valor de la cápita por persona quedó en $617,27, y desde entonces el aumento de las prestaciones por medio del directorio ha sido del 137,8%.
De un reporte del ministerio de Salud provincial se desprende que el total de gastos capitados supera los $2,6 billones. Para afrontarlo, sólo han llegado unos $288,6 millones. Esta brecha abismal deja en jaque a las 232.334 personas afiliadas al programa “Incluir Salud”, que no tienen certezas sobre el futuro de sus prestaciones básicas.
El ajuste también impacta en las altas al sistema, ya que, de acuerdo con el mismo informe, hay unas 13.500 que la han solicitado y no obtienen respuestas. Transporte, internación domiciliaria, oxígeno, pañales, diálisis, medicamentos y hasta gastos administrativos son algunos de los servicios que presta el Estado para las personas con discapacidad, cuyo panorama es incierto.