Lxs pibxs no son peligrosxs, están en peligro
Torturas, agresiones físicas y verbales, bullying, discriminación a personas con discapacidad, robo de comida, hostigamiento y amenazas a aquellas que se atrevan a rebelarse. Los interminables mecanismos de crueldad en el Centro Socioeducativo de Contención Santa María Eufrasia Pelletier (CSCP), de La Plata, ocurren por lo menos desde 2025, aunque se estima que los daños contra las niñas y jóvenes allí alojadas son de larga data, y se extendieron hasta hace apenas dos semanas, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de La Plata, para que se investigue la posible comisión de delitos contra las jóvenes y se aparte de inmediato a las funcionarias que dirigen ese centro.
Entre los casos denunciados, la CPM reveló que personal directivo de la institución tiró a una chica de su cama por no obedecerle. Las trabajadoras entrevistadas relataron que la joven había querido acostarse por fuertes dolores menstruales, pero se lo impidieron con violencia mientras le gritaban “Después te quejás porque te llevamos a un colegio de especiales”.
“Vos estás presa y no tenés derecho a nada” y “¿Qué estás llorando? Empezá hacer algo, que a mí no me cabe ninguna con tus lágrimas de cocodrilo”, son las frases habituales que usa el personal que se dedica a cuidar y asistir a las internas.
Además de la denuncia penal, la Comisión presentó un hábeas corpus colectivo en el que se describe el resultado de las inspecciones que realizó el organismo a fines de 2025. Se comprobaron el régimen de vida restrictivo con ausencia de perspectiva de género; sanciones arbitrarias; requisas vejatorias; violaciones del derecho a la educación; vulneraciones al derecho de comunicación y privacidad; acceso deficiente al sistema de salud; alimentación escasa; discrecionalidad de visitas familiares; y vulneración del derecho a visitas sexo-afectivas.
“El encierro hace mal, queremos más libertad”, “Nos tratan como presas”, “Tenemos problemas de salud sin tratamiento”, “En las requisas nos hacen desnudar completamente y realizar sentadillas”, se lamentan las internas.
El monitoreo desnudó, también, prácticas coercitivas del derecho a la salud mental, sobre todo en situaciones complejas. Algunas de las jóvenes cuentan con el protocolo de prevención del suicidio activado y con un esquema de psicofármacos indicado. Sin embargo, el psiquiatra las evalúa por videollamada, y ellas desconocen el nombre de los fármacos indicados y los efectos adversos que pudieran tener.
En las entrevistas se observaron un gran monto de angustia en las jóvenes y dificultades en la convivencia. En el Pelletier, acompañar las crisis equivale a un combo de amenazas y malos tratos.
“Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Provincia de Buenos Aires, sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil tenemos una mirada de mucha preocupación y desazón en relación con las políticas de niñez en general”, expresa Sofía Porta, directora del Programa Niñez, de la CPM.
“Pero, particularmente en los contextos de encierro, vemos que hay una vacancia importante de lineamiento de una política destinada y dirigida a la garantía de derechos, y a un enfoque socioeducativo que se pronuncia en lo discursivo sobre los dispositivos de encierro, pero que no tiene un correlato en la política pública”.
Porta remarca la situación crítica que atraviesa el sistema penal, con mayores disposiciones de encierro, “no necesariamente por delitos graves, sino por criterios judiciales regresivos”, y la privación de libertad como única respuesta. “Cuando hablamos de que el sistema está colapsado, no solamente nos referimos al cupo y al aumento de jóvenes encerradxs, que también es una de las dimensiones, sino que, además, el sistema no da abasto en su capacidad operativa de alojar a lxs jóvenes con la garantía de derechos con la que debía hacerlo”.
La CPM solicita que se designen peritos trabajador social y psicólogo para realizar un informe psicosocial, y un perito médico que evalúe la salud integral de todas las niñas y jóvenes alojadas en la institución, además de que la Defensoría Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno asuma la representación colectiva, para garantizar su derecho a ser oídas y para poder participar en las actuaciones.
“Es todo un sistema que tiene falencias estructurales”, analiza la directora del Programa Niñez. “Ante un mayor aumento de demanda y mayor colapso en su funcionamiento, lógicamente se ve reflejado en una regresión hacia lo que el sistema penal sabe hacer, que es el encierro y el castigo, por sobre las herramientas socioeducativas que necesitan los pibes y las pibas, para poder construir estrategias para el egreso”, concluye. “Y que, al volver a la comunidad, también puedan construir proyectos de vida que los convoquen y que sean viables”.
Por Linqueños por los Derechos Humanos