Derecho a la libertad de expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), produce anualmente un informe crítico sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio. Analiza los avances, desafíos y violaciones a este derecho fundamental, así como las buenas prácticas y recomendaciones para su protección y garantía.
El informe analiza la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros de la OEA, destacando los progresos y desafíos con mayor profundidad en aquellos casos en los que existe una especial preocupación por la libertad de expresión. Formula recomendaciones a los Estados para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Aborda temas como la violencia contra periodistas, la autocensura, la legislación en materia de libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en el debate democrático.
Sirve como herramienta para monitorear y evaluar el estado de la libertad de expresión en el hemisferio.
Reconoce la relación entre la falta de ejercicio de la libertad de expresión y la pobreza, y recomienda medidas para garantizar el acceso a la información y la participación de los sectores más vulnerables.
En marzo de este año se publicó el informe 2024 en el que se analizó la libertad de expresión en toda la región y destacó en varias de sus páginas la mala relación con el periodismo que afecta la libertad de expresión y confirma el giro autoritario del Presidente argentino. Se registró “un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”.
Asimismo, se reportaron discursos estigmatizantes, principalmente desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres.
Se manifiesta que hay un contexto adverso para el ejercicio de libertad de prensa, caracterizado por discursos hostiles desde el poder público con una estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, acusándolos con calificativos lesivos a la labor informativa, en contextos donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público. Estos no son hechos aislados, sino que forman parte de lo que el Gobierno ha denominado la “batalla cultural”.
Se ha señalado que las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra periodistas pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, y, en consecuencia, pueden colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques.
Se informa, además, que se modificó, por decreto, la Ley de Acceso a la Información Pública, introduciendo elementos regresivos a la legislación vigente que opacan y restringen la transparencia del Estado.
Por otro lado, durante 2024 se observó un despliegue importante de desincentivos y limitaciones al ejercicio del derecho a la protesta social en Argentina, caracterizado por tres elementos principales:
(1) la implementación de marcos normativos restrictivos;
(2) el uso excesivo de la fuerza pública; y
(3) la estigmatización de manifestantes y periodistas por parte de autoridades públicas en contextos de manifestaciones.
La Relatoría Especial recuerda que, conforme al Artículo 13 de la Convención Americana y los principios desarrollados por el sistema interamericano, la protesta social constituye una forma legítima de ejercicio de la libertad de expresión y un mecanismo esencial para la defensa de derechos en sociedades democráticas.
La incitación al odio hacia periodistas y medios, sumada a los bajos salarios y la represión, configura el peor escenario para el ejercicio del periodismo desde el regreso de la democracia.
El Gobierno no quiere a ningún medio. No importa si se trata de empresas de gestión pública, privada o autogestiva. La información es una piedra en el zapato para el plan de saqueo y miseria planificada que se instaló en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2023. El ataque a la labor de prensa se visualiza en todas sus variantes.
Si no hay libertad de expresión, la motosierra con la que el Gobierno ataca a las otras libertades no se conoce.
Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.