Atilra denunció penalmente al grupo Arsa Vicentín por abandono de planta y defraudación
CRISIS. El sindicato tomó medidas contra el grupo económico por vaciamiento y maniobras fraudulentas en la planta de Arenaza. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo bonaerense constató el incumplimiento de la conciliación obligatoria y el retiro de maquinaria clave.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Seccional Junín, presentó una denuncia penal contra el grupo económico Arsa Vicentín, también identificado como Grupo Maralac y Lácteos Conosur. El sindicato acusa a la empresa de presunto abandono de negocio y maniobras de defraudación en perjuicio de los trabajadores de la planta ubicada en Arenaza, perteneciente a Alimentos Refrigerados SA.
Según se detalla en la presentación judicial, el grupo empresario habría desarrollado un esquema de facturación cruzada con otra firma del mismo conglomerado, La Suipachense, con el fin de ocultar ingresos y evadir responsabilidades laborales. La causa, caratulada como IPP 4892/25, incluye el pedido de que se cite a testigos —entre ellos, el ex gerente del grupo, Claudio Rafaniello— y se investigue la documentación vinculada, incluyendo un informe sobre los firmantes de cheques de la empresa.
VACIAMIENTO. Mientras avanza la vía judicial, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires constató el vaciamiento de la planta, durante una inspección realizada el pasado viernes en el establecimiento “San Andrés”. La visita tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el mismo organismo días antes, que obligaba a la empresa a retomar la producción y reincorporar a los empleados.
No obstante, el panorama encontrado fue desolador: según relataron los operarios y confirmó el Ministerio, se removieron al menos tres máquinas clave utilizadas para la producción de flan, Shimy, gelatina y leche. A pesar de la medida de conciliación, los trabajadores fueron recibidos el jueves con un candado en la puerta, sin tareas asignadas ni directivos presentes, lo que motivó una nueva denuncia por desacato a la autoridad por parte del gremio.
Desde el 14 de mayo, la planta de Arenaza se encuentra inactiva, por decisión de la empresa, bajo un cese de actividades de 30 días. Atilra denunció públicamente que la ausencia de los representantes legales del grupo económico en las audiencias de conciliación agrava la situación y demuestra una actitud evasiva frente a las obligaciones empresariales.
“El único objetivo que tiene la organización sindical es resolver este conflicto de las 180 familias del Distrito de Lincoln, siempre dentro de marcos seguros y del amparo de la legislación vigente”, expresaron desde Atilra, que también celebra la convocatoria a una nueva audiencia para este lunes en la ciudad de Lincoln, en un intento por reabrir el diálogo y encontrar soluciones.
El conflicto por la planta de Arsa Vicentín no solo pone en jaque el sustento de 180 trabajadores, sino que también plantea serios interrogantes sobre las responsabilidades empresariales, el rol del Estado y la protección de derechos laborales en contextos de crisis empresaria. Desde Atilra, reclaman acciones firmes para evitar el cierre definitivo de la planta y asegurar el cumplimiento de la conciliación, que busca proteger la continuidad productiva y el empleo en la región.