Al igual que en varias ciudades de la región, Lincoln sufre el cierre de la sede de Arca

MOTOSIERRA PARA TODOS. La medida dispuesta por el Gobierno nacional tenía como fecha límite el 18 de abril, por lo cual mañana ya no abrirán distintas sucursales de la zona. El presidente de la delegación Lincoln del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador Luis Montenegro, dijo: “En ciudades como las nuestras, donde nos conocemos todos, muchas veces el hecho de tener la oficina ayuda a resolver algunas cuestiones que la normativa fría por ahí no considera”.

El impacto del cierre de las oficinas de Arca, ex-Afip, no es solo laboral. La medida afecta la vida rutinaria de las personas que habitan pequeñas ciudades, quienes, a partir de ahora, deben trasladarse a oficinas más grandes para realizar sus trámites impositivos, lo cual genera más desconexión, y pérdidas de tiempo y dinero.

Lo mismo ocurre con los más de 600 empleados que se verán afectados, al ser reubicados o transferidos a otros lugares lejos de su hogar.

Cabe recordar que la fecha límite dispuesta por el Gobierno nacional para que el plan terminara de ejecutarse era el viernes 18 de abril, por lo cual el miércoles 16 fue el último día de atención al público en las sucursales de Rojas, Bragado, Salto, Lincoln, General Villegas, San Carlos de Bolívar, Trenque Lauquen y Carlos Casares. Así, a partir de mañana, todo es incertidumbre para alrededor de 50 trabajadores que aún no saben cómo van a continuar en sus empleos.

Si el Ejecutivo nacional no revierte la decisión, deberán recorrer distancias de entre 60 y 200 kilómetros para desarrollar sus actividades en las nuevas sedes. Esta reestructuración no solo afectará a los empleados, sino también a sus familias, que tendrán que modificar sus rutinas.

“Esto no solamente nos preocupa por los trabajadores que, en treinta días, si no les dan una solución antes, tendrían que mudar toda su familia y cambiar toda su rutina diaria, o hacer 60 o 200 kilómetros diarios, dependiendo cada caso puntual”, expresó la dirigente gremial Lucía Rodríguez en diálogo con “Democracia”. Y agregó: “Nos preocupa por el organismo y por lo que implica para los contribuyentes. Hoy todos los trámites que cualquier persona o contador hace de forma presencial en General Villegas va a tener que pasar a hacerlos presencialmente en Junín. Lo mismo con Lincoln y Rojas. Y cualquier persona que hoy haya pisado Trenque Lauquen o Bolívar, a partir del 19 de abril, va a tener que hacerlo físicamente en Pehuajó, que queda a una distancia tremenda”.

En el mismo sentido, Rodríguez manifestó que “claramente la preocupación número uno del sindicato es que se les dé respuesta a los trabajadores, porque no vamos a tolerar los traslados forzosos y que se afecten las condiciones laborales”. Y agregó: “También es atroz el daño que les están haciendo a los organismos en perjuicio de los propios contribuyentes, que hoy podían evacuar sus dudas en la oficina más cercana que les quedara, y a partir de unos pocos días van a tener que viajar cientos de kilómetros para poder hacerlo”.

POSIBLE JUDICIALIZACIÓN. El sindicato que nuclea a los empleados de Arca, Aefip, viene realizando asambleas en distintos puntos de la provincia y mantiene una tensa mesa de diálogo con las autoridades nacionales. Sin embargo, según han confirmado desde el gremio, todavía no han alcanzado ningún acuerdo y analizan medidas judiciales para frenar los cierres.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en los trabajadores, que, además, arrastran un congelamiento salarial desde febrero del 2024, algo por lo que las seccionales también vienen reclamando, sin éxito. Para los empleados de Aefip, el conjunto de medidas sobre el funcionamiento del organismo es una señal más del ajuste libertario. Una decisión que, lejos de representar un ahorro significativo como argumentan, aparece como un recorte que impacta directamente en las economías locales, el acceso a servicios públicos y las fuentes laborales de muchas familias.

DESCONEXIÓN. En diálogo con el diario juninense “Democracia”, el presidente de la delegación Lincoln del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador Luis Montenegro, sostuvo que la medida no lo sorprende porque “la realidad es que los trámites presenciales, desde la llegada de la pandemia a la fecha, se redujeron considerablemente porque muchos se trasladaron a las presentaciones digitales”.

Sin embargo, remarcó: “En ciudades como las nuestras, donde nos conocemos todos, muchas veces el hecho de tener la oficina ayuda a resolver algunas cuestiones que la normativa fría por ahí no considera”.

En este sentido puso como ejemplo el empleo de las cartas de porte que utiliza el sector agropecuario. “Muchas veces el productor no podía mover la cosecha porque se trababa su emisión y eso se solucionaba de manera informal o más rápida en la oficina”, destacó Montenegro. Y añadió que “ese canal informal, que muchas veces se facilitaba con el hecho de que la oficina estaba en Lincoln, realmente ahora se rompe y es lo que más se daña”.

También detalló que su preocupación “va por el lado humano y de las relaciones que se rompen”, y que ven muy difícil que se revierta la situación, tal como lo han manifestado otras delegaciones. “Hoy en día, para cualquier cuestión que no se pueda hacer vía internet, tenemos que viajar a Junín, y eso, para el linqueño, conlleva al menos 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta”, objetó. Y manifestó: “Lo ideal sería tener un canal de diálogo con las autoridades de la Afip, al menos de acá, de la región, para ver cómo se pueden manejar y canalizar estas cuestiones que pueden surgir”.