Discapacidad: fuerte repudio a las categorías que implementó el Gobierno nacional
DISCRIMINACIÓN. En un decreto que endurece los requisitos de pensiones por discapacidad, el Ejecutivo de Javier Milei usa categorías como “idiotas” e “imbéciles”. “Es muy triste que, a esta altura, luego de tanto trabajo, de tanta lucha por lograr la inclusión natural y no forzada de las personas con discapacidad, haya un Gobierno nacional que hace estas cosas”, expresó el director de Discapacidad de Lincoln, Germán Martínez.
En un decreto que endurece requerimientos para otorgar pensiones por discapacidad, el Gobierno de Javier Milei catalogó a las personas con términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. En este contexto ha habido un gran repudio de organizaciones que representan a este colectivo, que han presentado un reclamo para derogar la normativa, así como de políticos, comunicadores, y profesionales de la salud y el derecho.
El Ejecutivo nacional aumentó los requerimientos para otorgar las pensiones por invalidez. Para esto estableció un nuevo baremo para “evaluar cualitativamente el grado de deterioro psicofísico” y así definir si las personas solicitantes están o no aptas para trabajar.
En la Resolución N° 187/2025, en una de las últimas páginas del anexo en el que se detalla el baremo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la que dirige Diego Orlando Spagnuolo, utiliza polémicos conceptos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” al describir los “retardos mentales”.
“Según el CI, los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, dice el texto.
Ante esta resolución, siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), presentaron un pedido al Gobierno para que se dé de baja el baremo.
En este marco, el director de Discapacidad de la Municipalidad de Lincoln, Germán Martínez, se expresó en sus redes sociales y publicó: “Es muy triste que, a esta altura, luego de tanto trabajo, de tanta lucha por lograr la inclusión natural y no forzada de las personas con discapacidad, de romper con modelos arcaicos y paradigmas estigmatizantes, haya un Gobierno nacional que hace estas cosas”. “Mucha vergüenza debieran sentir”, subrayó.
Por su parte, Eduardo Quiroga, el abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de Acij, dijo: “Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención, que en el Artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación”.
Otra de las voces que se han alzado fue la de la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), Gabriela Troiano, quien calificó al uso de esos términos como un acto de “violencia institucional sin precedentes”. También remarcó que “es un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas”.
En tanto, la presidenta del Iprodich, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al considerar: “Son retrógradas, porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones”.