El Gobierno eliminó la secretaría de Hábitat y Vivienda
ANUNCIO. Hoy se publicó el decreto en el que argumentaron que la medida “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las Provincias, los Municipios y el sector privado”.
El Gobierno nacional oficializó la disolución de la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que dependía del ministerio de Economía, a través del Decreto N° 70/2025, el mismo de la ley “Bases” del 2024. La cartera de Luis Caputo quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Según el decreto, esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las Provincias, los Municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional en la materia.
La mayoría de las tareas de la exsecretaría de Vivienda de la nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. Los principales son los de Procrear y el FISU, de integración urbana.
Con esta medida, la gestión de los programas y proyectos de esta área, como “Casa Propia”, pasarán a la secretaría de Obras Públicas, cuya misión será darles cierre a las acciones en curso para que las viviendas pasen a ser pura exclusividad de Gobiernos provinciales y municipales.
Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la secretaría de Obras Públicas será la encargada de gestionar la finalización, el cierre y la transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda; coordinar con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles; y celebrar convenios con Gobiernos provinciales y municipales, y entidades privadas, para finalizar y transferir proyectos de viviendas.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en el 2012, mediante el Decreto N° 1.018/2024. En la práctica, el Ejecutivo igualmente no se estaba haciendo cargo de las obras de viviendas.
A mitad de octubre, un informe de CEPA había reflejado que las obras en educación (el -98%) y vivienda (el -93%) están prácticamente paralizadas.
Desde los gremios advierten que el fin de las políticas nacionales de vivienda podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores. El decreto aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente (Decreto N° 1.421/02).
Todo esto sucede mientras aumentan la población en vulnerabilidad, los asentamientos precarios y la crisis habitacional, entre alquileres imposibles, sueldos bajos y falta de acceso a créditos.