Trabajadores de Arsa denuncian abusos empresariales y la Justicia ordenó el embargo de bienes de la firma
LOCALES. Los empleados llevan ocho meses sin cobrar salarios y denuncian un contexto de abandono y abuso por parte de la compañía. Paralelamente, la Justicia Federal, tras el pedido del sindicato Atilra, embargó bienes de la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales y sindicales.
La situación crítica en Alimentos Refrigerados SA (Arsa) afecta a más de 600 trabajadores y sus familias en las plantas de Córdoba y Arenaza, en Buenos Aires. Desde mayo, los empleados no han recibido sus salarios, aportes previsionales, cargas sociales ni contribuciones mutuales. Ante esta alarmante situación, el sindicato de la industria lechera (Atilra) advirtió sobre el impacto en el acceso a la salud y la representación sindical de los trabajadores.
Los trabajadores describen a la empresa, perteneciente al Vicentín Family Group y administrada por el Grupo Maralac, como un “directorio fantasma” sin intenciones de regularizar sus obligaciones. “Están robando la salud y la dignidad de los trabajadores”, manifestaron en un comunicado. Además, alertaron que, pese a encontrarse en concurso de acreedores, Arsa continúa acumulando deudas, evidenciando una gestión deficiente y desinteresada en cumplir con la ley.
Ante la falta de respuestas, la Justicia Federal ordenó el embargo de bienes de la empresa por el prolongado incumplimiento en el pago de aportes sindicales y de seguridad social. Según denunció Atilra, los fondos destinados a las obligaciones laborales habrían sido desviados, mientras que en el domicilio oficial de la empresa las notificaciones judiciales son eludidas por ocupantes que aseguran desconocer la existencia de Arsa.
Luciano Asad, referente de Atilra, expresó: “Hay sectores que no quieren cumplir con sus responsabilidades. Lo grave es que, a pesar de no recibir aportes hace más de dos años, el sindicato sigue acompañando a los trabajadores por convicción”. Además, subrayó que la falta de aportes representa no solo un ataque a los derechos laborales, sino también a la organización sindical que ha sostenido servicios esenciales para los empleados.
En un comunicado titulado “Stand Up de Arsa”, el gremio denunció lo que calificaron como un “panfleto empresarial” carente de seriedad y enfocado en culpar a terceros por la mala administración. Mientras tanto, la Justicia avanza con acciones legales para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
La situación refleja una vez más la tensión entre sectores empresariales y sindicales en el país, evidenciando la urgencia de que el Gobierno Nacional y la Secretaría de Trabajo intervengan para resolver este conflicto que vulnera los derechos de cientos de trabajadores y sus familias.
CONFLICTO. Cabe recordar que los empleados de la fábrica de Arenaza continúan sin poder resolver el conflicto en el que los ha sumergido Arsa. En el último tiempo no ha habido mayores avances y esta situación es cada vez más perjudicial para una importante cantidad de trabajadores que ven alejarse su fuente laboral y cada día más destruida su economía.
El delegado gremial de Atilra, Luciano Asad, había expresado: “En el último tiempo se han realizado algunas acciones, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, tanto en Arenaza como en Córdoba. Se enviaron telegramas, se siguen constatando irregularidades de parte de la patronal y lo más visible es que la economía de los trabajadores de Arsa del Distrito de Lincoln está destruida. Será nuevamente Atilra la que defienda los derechos y la economía de los trabajadores de la industria lechera”.