Salud: un derecho humano básico
El presupuesto en salud se redujo el 48% en términos reales desde el 2024.
De los $3 billones que en los últimos días nuevamente recortó el Gobierno a todo el Estado nacional, $63.000 millones corresponden al área de salud.
Se desmanteló el Instituto Nacional del Cáncer, suspendiendo programas tales como la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. A este instituto le redujeron el presupuesto el 56,5% interanual y, en la última semana, $5.000 millones más.
La resolución administrativa publicada la semana pasada agrava enormemente la situación, ya que impacta en menos medicamentos, menos vacunas y menos financiamiento para programas esenciales tales como cáncer, HIV, tuberculosis y hepatitis virales. Estos últimos recibirán $800 millones menos; la salud sexual, $900 millones menos; y el Incucai, $831 millones. El último Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta de un aumento del 75,6%, respecto a 2022, de los casos de sífilis en Argentina.
Se congelaron los fondos federales para inmunización. La disminución en las tasas de vacunación plantea riesgos concretos para la salud pública, ya que, cuando baja la cobertura, aumenta la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión, la tos ferina y la poliomielitis, lo que puede traducirse en más casos, internaciones y complicaciones. Se debilita la inmunidad colectiva, que es la protección indirecta que se logra cuando la mayoría de la población está vacunada.
El nuevo ajuste de $80.000 millones para los hospitales universitarios de la UBA, tales como el “Roffo”, clínicas, etcétera, pone en riesgo a 700.000 pacientes, entre ellos al 45% de niños que no tienen cobertura médica. Casi 5 de 10 chicos no tienen obra social ni prepaga. Son 3,6 millones de menores de 18 años.
El ajuste en salud tiene consecuencias concretas. A contramano de la tendencia mundial, en Argentina la tasa de mortalidad infantil aumentó 0,5 puntos en 2024.
El único hospital de salud mental del Amba, el “Laura Bonaparte”, fue intervenido y despidió a 200 trabajadores. Cerraron consultorios, guardias e internaciones.
La obra social más grande del país, el Pami, con más de 5 millones de afiliados, está al borde del colapso, con una significativa reducción en la entrega de medicamentos gratis y un recorte en las distintas prestaciones.
Eliminaron el programa Remediar, que existía desde el 2002 y que se universalizó a partir del 2003. Este programa fundamental para todas aquellas personas sin cobertura social asistía con medicamentos gratis a 8.000 centros de salud de todo el país y cubría la demanda del 85% de problemas de salud. Llegaba a 20 millones de argentinos.
Convencer a la sociedad de que la salud no es un derecho es parte de la batalla cultural que se propusieron y que están llevando a cabo.
Por Linqueños por los Derechos Humanos