Organismos internacionales advirtieron retrocesos en derechos humanos y cuestionaron al Gobierno nacional
DERECHOS HUMANOS. Relatores de la ONU alertaron sobre un deterioro en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, en medio de polémicas decisiones del Ejecutivo.
En un contexto político atravesado por fuertes debates en torno a la memoria histórica, el Gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo observación internacional tras su decisión de desclasificar archivos de la ex-Side vinculados con la última dictadura militar.
Si bien la medida fue presentada como un avance en materia de transparencia, diversos organismos y especialistas advirtieron que se inscribe en un escenario marcado por discursos que relativizan el terrorismo de Estado.
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de 1976, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron “alarmantes retrocesos” en las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. Según indicaron, desde 2024 ya se han enviado al menos seis comunicaciones al Estado argentino advirtiendo sobre un proceso de debilitamiento institucional en esta área.
Las advertencias contrastan con la trayectoria histórica de Argentina en materia de derechos humanos, considerada durante décadas como un ejemplo a nivel global. Desde el retorno de la democracia en 1983, el país ha impulsado políticas clave como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el histórico juicio a las Juntas, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el trabajo sostenido de Abuelas de Plaza de Mayo, que ha permitido la restitución de la identidad de más de 140 nietos.
“Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina”, lamentaron los expertos en un comunicado difundido en la antesala del 24 de marzo. Entre los firmantes, se encuentran especialistas del sistema de Naciones Unidas como Bernard Duhaime, Gabriella Citroni y Morris Tidball-Binz.
Los cuestionamientos apuntan tanto contra el discurso oficial como contra decisiones concretas adoptadas por la actual administración. En este sentido, los relatores mencionaron el desarme de equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, la eliminación o reducción de áreas clave dentro de la secretaría de Derechos Humanos, la disolución de cuerpos periciales en causas de lesa humanidad y recortes en organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Además, se ha generado polémica por la posibilidad —finalmente descartada— de difundir un video desde la Escuela de Mecánica de la Armada que ponía el foco en la violencia previa al golpe de Estado, lo que ha sido interpretado por distintos sectores como un intento de relativizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de represión ilegal.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio”, señalaron los especialistas. Y consideraron que cualquier intento de reinterpretar el pasado desde enfoques negacionistas o revisionistas constituye un retroceso y una posible vulneración de los derechos humanos.
También recordaron que los indultos en casos de graves violaciones a los derechos humanos están prohibidos por el derecho internacional. Y enfatizaron que Argentina “no puede cometer el mismo error otra vez”, instando a fortalecer el camino recorrido en materia de justicia transicional.
En este escenario, la reciente desclasificación de archivos de inteligencia es observada con cautela por organismos internacionales y de derechos humanos. Si bien podría representar una oportunidad para avanzar en el acceso a la verdad, también existe preocupación por el uso que pueda hacerse de esa información en un contexto político que, de acuerdo con lo que advirtieron, tiende a reinterpretar el pasado reciente bajo parámetros ideológicos.
Fuente: Infocielo.