La reforma de la Side quedó bajo revisión judicial
POLÍTICA. Diputados nacionales presentaron un amparo para frenar el DNU 941/2025, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que amplía de manera inconstitucional las facultades del sistema de inteligencia, y vulnera derechos y garantías fundamentales.
La reforma del sistema de inteligencia, promovida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, ingresó en una nueva etapa de conflicto institucional.
Este lunes, los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón presentaron una acción de amparo para que el decreto sea declarado inconstitucional y para que se suspenda de forma inmediata su aplicación.
El planteo judicial sostiene que el Gobierno ha avanzado en atribuciones exclusivas del Congreso y le ha otorgado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) facultades sensibles, como la posibilidad de aprehender personas, en contradicción con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con los legisladores, el DNU no cumple los requisitos constitucionales para este tipo de normas, ya que no existe una situación de urgencia real, y, además, legisla sobre materia penal, algo expresamente prohibido por el Artículo 99, Inciso 3, de la Constitución.
Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la incorporación de funciones operativas propias de la seguridad interior a los agentes de inteligencia. Para los impulsores del amparo, esta decisión diluye los límites entre inteligencia estratégica y funciones policiales, dos ámbitos que históricamente han tenido roles diferenciados. En este sentido advierten que unificar estas competencias en un solo organismo implica un riesgo institucional serio y puede derivar en prácticas propias de un “Estado policial”.
El escrito judicial alerta respecto de que, bajo el nuevo esquema, conflictos sociales, investigaciones periodísticas y la actividad política opositora podrían ser interpretados como amenazas estratégicas, y quedar bajo la órbita de los servicios de inteligencia. A esto se suma la incorporación de un artículo que establece que todas las actividades de inteligencia son encubiertas, lo que, según los diputados, convierte el secreto en regla y no en excepción.
Frade, Ferraro y Paulón argumentan que este diseño impacta directamente en los derechos individuales, y puede generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y la participación política, en línea con advertencias ya planteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en sospechoso”, plantearon en el texto presentado ante la Justicia.
Otro de los fundamentos centrales es que el decreto había sido dictado mientras el Congreso se encontraba en sesiones extraordinarias, lo que, conforme el criterio de los legisladores, invalida cualquier justificación de necesidad y urgencia. También remarcaron que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia no estaba plenamente operativa en el momento de la reforma, debilitando los mecanismos de control democrático sobre un área especialmente sensible del Estado.
Como antecedente inmediato, recordaron el DNU 849/2025, mediante el cual el Ejecutivo le había asignado más de $26.000 millones en partidas secretas a la Side, en un contexto de recorte presupuestario en otras áreas públicas. Para los diputados, estas decisiones configuran un escenario de “zonas grises” que facilitan abusos de poder.
La acción de amparo solicita la declaración de inconstitucionalidad del DNU 941/2025 y la suspensión cautelar de sus efectos, al advertir que su aplicación podría generar un daño institucional de difícil reversión. Más allá del plano jurídico, los legisladores sostienen que el debate expone una discusión de fondo sobre el modelo de Estado, los límites del Poder Ejecutivo y la vigencia de las garantías democráticas.