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La Corte y los juicios más lentos del mundo

El pobre caracol con el que representan muchos medios la lentitud de la justicia en el mundo no tiene la culpa. No son caracoles los responsables, son jueces y juezas con nombres y apellidos quienes se han encargado de que los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país sean de los más lentos en el mundo.

La pregunta es sencilla: si hay hechos que ocurrieron -en promedio- hace 46 años y otros que ocurrieron hace cinco o diez, ¿cuáles cree usted que deben tener prioridad para el juicio oral?

Pues, en nuestro querido país, la lógica no funciona. Gran parte de los tribunales orales federales del país no se interesan por dar respuesta a miles de víctimas y familiares de víctimas que ya tienen más de 80 años. Para estos magistrados y magistradas, la letra de Cambalache es más o menos así: “Da lo mismo que sea tortura y desaparición, que falsificación de moneda o corrupción”.

Con estos dos criterios malditos -no considerar el paso del tiempo como prioridad y no tener en cuenta la gravedad de los delitos-, el Poder Judicial suma denuncias por su falta de celeridad en estas causas, que son miles, pero nadie toma medidas de fondo.

Carlos Blaquier, directivo y uno de los propietarios del imperio Ledesma en el norte, responsable de La Noche del Apagón, falleció a los 95 años. Acusado de crímenes contra sus trabajadores, Blaquier consiguió que la Corte Suprema demorase seis años para resolver si iba a juicio. El expediente fue cajoneado y, cuando los supremos resolvieron finalmente el caso y habilitaron el juicio, ya era tarde. Blaquier no estaba en condiciones físicas de ir a un debate oral y, meses después, murió.

Estas maniobras tienen nombre: impunidad biológica.

Hoy, a la decisión político-judicial para imprimir celeridad a estos juicios la tiene la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese cuarto piso de la calle Talcahuano 550, no hacen nada.

Otra muestra: en todas las provincias, los debates orales se desarrollan, con suerte, al ritmo de una audiencia por semana y muchas veces fijan una audiencia hasta cada 15 días. Así, los juicios orales de lesa duran años. Uno de ellos, el de la ESMA, llevó cinco.

El Juicio a las Juntas, al existir la decisión político-judicial de ir con marcha rápida, empezó el 22 de abril y terminó el 9 de diciembre de 1985. Menos de ocho meses para escuchar a 833 testigos, alegatos y sentencia. Veloz.

Hoy, la decisión político-judicial para imprimir celeridad a estos juicios la tiene la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese cuarto piso de la calle Talcahuano 550, no hacen nada.

Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.