Imputaron a Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito
NACIONALES. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, y solicitó una serie de medidas para analizar sus bienes y movimientos financieros.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita le diera impulso a la acción penal para investigar su evolución patrimonial.
La causa, que se encuentra en una etapa inicial, busca reconstruir en detalle la situación económica del funcionario, y determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos declarados y su patrimonio. Si bien no hay una imputación directa formalizada, el requerimiento del fiscal refleja dudas acerca del origen de su crecimiento patrimonial.
El expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien tomó intervención después de que la jueza María Servini se inhibiera y remitiera una causa vinculada con el mismo objeto de investigación.
Pollicita solicitó una batería de doce medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a distintos organismos públicos y privados. Entre ellos, se destacan consultas a los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Anses y la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de relevar los activos del funcionario.
También se requirió información al country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de La Cruz, para conocer a nombre de quién figuran registradas expensas y cuotas vinculadas con una propiedad en ese predio.
Además, el fiscal exigió un informe detallado sobre bienes registrados a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones.
La investigación también pone el foco en los viajes realizados por el funcionario, particularmente a Estados Unidos y Punta del Este. En este sentido se le pidió a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle completo de los ingresos y los egresos del país desde 2022 hasta la actualidad.
Asimismo, requirió información sobre posibles bienes registrables, como embarcaciones y aeronaves, así como documentación relacionada con operaciones financieras e inmobiliarias y préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Otro punto clave es el análisis de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni entre 2022 y 2025, incluyendo los anexos reservados, con el fin de contrastar los datos oficiales con la información recabada.
De esta manera, la Justicia avanza en una investigación que podría tener impacto político, en un contexto en el que la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios se encuentran en el centro del debate.
Fuente: DIB.