El Gobierno impulsa una nueva ley para profundizar la desregulación económica
NACIONALES. El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso estipula cambios en la venta de medicamentos, libros y garrafas, además de reformas en los mercados inmobiliario, financiero, agropecuario y vitivinícola. También incorpora modificaciones para cooperativas y traductores públicos.
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones económicas que será enviado al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificaciones en distintos sectores de la economía con los objetivos de reducir regulaciones y ampliar la competencia.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto se refiere a la comercialización de medicamentos. La propuesta busca permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y ampliar la venta online con entrega a domicilio. Estos cambios ya fueron incluidos en el DNU N° 70/2023, aunque su aplicación quedó parcialmente suspendida por medidas cautelares promovidas por entidades farmacéuticas.
El proyecto también plantea eliminar el precio uniforme de los libros, lo que permitiría que cada librería establezca libremente el valor de venta de un mismo título y ofrezca promociones o descuentos. Según el Gobierno, la medida favorecerá la competencia y podría reducir los precios para los consumidores.
En materia energética, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). De aprobarse, el Estado dejará de intervenir en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de garrafas, limitando su participación a los controles de seguridad.
El paquete incorpora, además, una actualización de los regímenes de prendas y warrants para digitalizar las garantías utilizadas en operaciones crediticias. Entre las novedades, habilita el uso de activos virtuales (por ejemplo, criptomonedas) como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales, y crea un registro federal unificado de garantías.
En el sector inmobiliario, la reforma propone eliminar la obligatoriedad del título universitario y la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, lo que permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
La iniciativa también alcanza al sector agropecuario mediante la derogación de la ley de arrendamientos rurales, permitiendo que propietarios y productores acuerden libremente los plazos, precios y modalidades de pago de los contratos.
En navegación, el proyecto habilita que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios, con un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina.
Por otra parte, redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que pasaría a abocarse únicamente a controlar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, prevé la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyas funciones serían absorbidas por el INV.
Entre otras modificaciones, elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Y establece que las cooperativas con excedentes superiores a $500 millones anuales deberán tributar el impuesto a las Ganancias, dejando atrás la exención plena vigente.
El oficialismo argumenta que este conjunto de medidas busca reducir costos, facilitar el acceso al crédito, fomentar la competencia y simplificar la actividad económica en distintos sectores productivos.
Fuente: DIB.
