De calamidades y crueldades

El saldo que deja el segundo año del Gobierno de Javier Milei, respecto a la preservación, la contención y la promoción de los derechos humanos en Argentina, es lamentable. Vivimos en una democracia condicionada, donde, con la anuencia del poder real (medios hegemónicos, la Corte Suprema de Justicia, grandes empresarios y el departamento de Estado de Estados Unidos), el Gobierno reprime la protesta social, ignora las leyes del Congreso, suprime derechos por decreto y no acata las sentencias de una pequeña parte del Poder Judicial en fallos que le son adversos.

En términos generales, podemos afirmar que se ha retrocedido muchísimo, rompiendo los consensos básicos del pacto democrático que asumió nuestra sociedad con la recuperación de la democracia en 1983: el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia, el derecho a expresarse libremente en la calle sin ser reprimido, el negacionismo respecto al genocidio que cometió la dictadura, el arresto domiciliario a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, el desfinanciamiento de los programas de protección a víctimas del terrorismo de Estado, etcétera.

Sin hacer una enumeración exhaustiva de las calamidades de este año, entre las más destacadas podríamos mencionar:

– el brutal ataque de la policía de Patricia Bullrich al fotoperiodista Pablo Grillo y el asesinato, en los últimos días, de dos personas por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires;

– el desfinanciamiento de los sectores más vulnerados de la sociedad, como son los discapacitados, negándose a aplicar leyes que fueron votadas por dos tercios del Congreso nacional en cuatro instancias;

– la represión salvaje contra los jubilados que todos los miércoles se manifiestan en plaza Congreso reclamando ante la brutal pérdida de derechos que vienen padeciendo;

– el cierre de más de 20.000 empresas, un verdadero industricidio, que con el ingreso indiscriminado de productos extranjeros trae aparejado un cambio drástico en el modelo de desarrollo nacional, con la pérdida de 300.000 puestos de trabajo;

– la negativa de nuestro país a continuar integrando la Organización Mundial de la Salud y el consecuente avance de enfermedades que estaban erradicadas, como el sarampión y la tos convulsa;

– la aprobación de un Presupuesto nacional que degrada la educación y la ciencia, llevando la inversión del 6% anual a solo el 1%;

– la entrega del manejo político y económico de la Nación al Fondo Monetario Internacional y al tesoro de Estados Unidos, en un hecho sin precedentes;

– el desmantelamiento y el desfinanciamiento de los organismos destinados a preservar la memoria colectiva y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado;

– la nula inversión en infraestructura básica y el abandono total de los barrios populares, coronado con la venta de los terrenos destinados a las viviendas sociales;

– la desprotección de los sectores vulnerados, permitiendo el crecimiento indiscriminado del narcomenudeo y la instalación de grandes organizaciones criminales en los territorios;

– el festejo obsceno en un streaming libertario en relación con los desaparecidos/asesinados en los vuelos de la muerte, avalado por el silencio cómplice de los “grandes medios de comunicación”, y su nefasta repercusión en las redes sociales.

Si a todo lo mencionado anteriormente se agrega que desde la envestidura presidencial se considera héroes a los grandes evasores y parásitos mentales, y saqueadores a quienes luchan por un país con justicia social, exacerbando el odio en la sociedad con el claro objetivo de lograr un cambio cultural de difícil reversión, se torna indispensable reflexionar al respecto antes de que sea demasiado tarde, por lo que transcribimos las palabras del fiscal federal Félix Crous al referirse a este Gobierno como “la versión contemporánea de los enemigos de la condición humana”.

Por “Linqueños por los Derechos Humanos”.